El Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios de las Naciones Unidas (CTM) dijo observar con mucha preocupación la alta impunidad en delitos cometidos contra migrantes, así como la falta de confianza en las autoridades públicas y el escaso presupuesto asignado para investigar adecuadamente esos delitos y asegurar la reparación apropiada.

Al emitir sus observaciones finales sobre el país, el organismo instó a México a adoptar medidas urgentes y estructurales para garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la atención y la reparación en casos de violaciones de derechos humanos contra migrantes.

A manera de ejemplo de la alta impunidad de las agresiones contra indocumentados, el organismo recordó la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010; el hallazgo de 195 restos en el mismo lugar en 2011, y los 49 torsos encontrados en Cadereyta, Nuevo León.

Con estos casos como punto de partida, el CTM expresó su “profunda preocupación sobre las graves irregularidades en las investigaciones para identificar a los responsables y las víctimas de las masacres (…) por las que no hay personas sancionadas”.

De igual forma, resaltó el impacto extremadamente grave de la desaparición forzada de personas en los migrantes y mexicanos en tránsito.

Por todo lo anterior, el organismo dependiente de Naciones Unidas instó a México a investigar de manera seria y exhaustiva los hechos, incluyendo actos de corrupción y la posible relación de funcionarios con estructuras criminales. En las masacres de Tamaulipas y Nuevo León, el Estado debe investigar los hechos con la clasificación de graves violaciones a los derechos humanos, apuntó.