En el operativo de Nochixtlán, Oaxaca, del 19 de junio de 2016, policías federales y estatales incurrieron en el uso excesivo de la fuerza, con lo que cometieron graves violaciones a los derechos humanos de la población, incluidos quienes no participaban en los bloqueos, entre ellos menores de edad, mujeres y adultos mayores.

Así lo acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al emitir la recomendación 7VG/2017 por este caso, en la que demostró que los uniformados dispararon contra civiles, lo que causó la muerte de al menos cuatro de las siete personas que perdieron la vida por arma de fuego.

En los sucesos los policías vulneraron, entre otros, los derechos a la vida, a la libertad, la integridad y a la seguridad personal, así como al principio del interés superior de la niñez, a una vida libre de violencia, al acceso a la justicia, a la verdad y a un recurso jurídico efectivo.

Al presentar la recomendación, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, remarcó que esto fue derivado del operativo para desalojar un bloqueo carretero –solicitado por el gobierno de Oaxaca y coordinado por la Policía Federal (PF), en el que participaron más de mil elementos policiacos– que fue mal diseñado, planeado, coordinado y ejecutado, sin que se observaran plenamente los protocolos de actuación, en particular por lo que hace al uso legítimo de la fuerza y a la necesidad de priorizar el uso de mecanismos y técnicas no violentas.

‘‘Durante un periodo aproximado de 12 horas, en un operativo que podría considerarse ejemplo de lo que no deben ser las acciones policiales de esta índole, se registraron tres enfrentamientos entre civiles y elementos policiales en las poblaciones de Nochixtlán, Huitzo y Hacienda Blanca de Viguera’’, señaló el presidente de la CNDH.

Como consecuencia de esto, siete personas perdieron la vida, 453 civiles resultaron con lesiones (45 de ellos por arma de fuego), así como 106 policías (cuatro con heridas por disparos); además, 46 pobladores fueron afectados patrimonialmente.

En la recomendación se expuso que existió una mala coordinación entre las corporaciones que participaron en el operativo (PF, Gendarmería, policía estatal y Agencia Estatal de Investigaciones) y una inexistente cadena de mando clara de responsabilidades y de toma de decisiones; asimismo, faltó un análisis de inteligencia que considerara el día que se iba a realizar el operativo, los posibles escenarios de respuesta de los pobladores, las afectaciones a terceros ajenos a los hechos, entre otros.

El día de los hechos, tanto autoridades federales como estatales negaron en principio que los uniformados hubiesen estado armados. Sin embargo, cuando se difundieron fotografías de diversos medios de comunicación, tuvieron que confirmarlo. Al respecto, la CNDH acreditó que no hubo una supervisión adecuada de los policías participantes antes del operativo, y pese a que un notario público dio fe de que no portaban armas, 76 elementos de la policía estatal y 32 federales lo hicieron, y algunos las accionaron.

La investigación estuvo a cargo de la segunda visitaduría general de la CNDH; el titular de esta área, Enrique Guadarrama López, hizo una síntesis pormenorizada de la recomendación. Informó que los calibres encontrados en los cadáveres de cuatro de las personas que perdieron la vida por arma de fuego (tres en Nochixtlán y uno en Hacienda Blanca de Viguera) coinciden con las armas que portaban los uniformados estatales, aunque en un caso también hay balas del armamento usado por los federales.

Agregó que también se pudo confirmar que algunos de los manifestantes tenían armas de fuego –por lo que los muertos también pudieron ser víctimas de éstas–, además de que se usaron cohetones contra los uniformados, quienes también tuvieron bajas y lesionados. El organismo no pudo detectar quién inició los disparos, si los civiles o los policías.

La CNDH demandó a la Procuraduría General de la República –que atrajo las investigaciones del caso, pero no ha subsanado las omisiones en la indagatoria y otras irregularidades de la autoridad ministerial de Oaxaca– finque responsabilidades a todos los implicados, incluidos los funcionarios, pues el operativo se coordinó desde un hotel en la capital de Oaxaca, donde se conformó un grupo integrado por representantes de las dependencias involucradas. Entre ellos, debe ser investigado Enrique Galindo, quien entonces era el comisionado nacional de la PF, subraya el ombudsman.