Durante la tercera sesión del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se aprobó un exhorto –a propuesta de la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez– a los congresos locales a fin de agilizar los procesos de homologación de los marcos jurídicos estatales con el diseño legal nacional en la materia, el cual ya deberían haber concluido desde julio pasado.

En la actualidad, según la secretaria, las 32 entidades ya han aprobado las reformas a sus constituciones locales para adecuarlas a las modificaciones a la Carta Magna. Asimismo, en 29 de ellas ya se aprobaron las leyes estatales anticorrupción. Sin embargo únicamente en 14 ya se concluyeron todas las adecuaciones al marco legal para estar en consonancia con el sistema, pero que aún no han terminado con toda la homologación legislativa.

De igual forma, dentro del esquema de seguimiento de los procesos de designación de los integrantes de los sistemas locales anticorrupción, el Comité Coordinador determinó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) se encargarán de verificar estas labores.

En la sesión realizada en la sede de la ASF, el Comité Coordinador aprobó el Programa Anual de Trabajo, que operará a efecto de lograr una mayor coordinación institucional en la definición de acciones, así como auspiciar una estrecha colaboración con las organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de generar productos y resultados concretos en beneficio de la ciudadanía.

De acuerdo con el esquema aprobado por las instituciones involucradas –la ASF, la SFP, el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura Federal y el Comité de Participación Ciudadana, pues por ahora está ausente la fiscalía anticorrupción–, el programa incluye un cronograma de construcción institucional para el desarrollo de procesos relevantes y la proyección de temas que deberán impulsarse desde el Comité Coordinador.

En este contexto, vinculado al programa anual se avaló la elaboración de una propuesta de mecanismos de consulta pública nacional para el desarrollo de la política nacional anticorrupción, la cual estará bajo la responsabilidad de la presidenta del Comité Coordinador, Jacqueline Peschard.

Paralelamente, se aprobó que la SFP coordine el diseño de una política integral que defina los perfiles y designación de los titulares de las contralorías y unidades de responsabilidades.