México solicitó formalmente a Estados Unidos la detención con fines de extradición de César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, informó el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo.

Explicó que se esperaron para hacer la petición porque los delitos electorales no son considerados graves, y si se hubiera traído al ex mandatario sólo por ese tipo de cargos, no habría sido sujeto a prisión preventiva.

Por lo anterior, expuso que se trabajó de forma coordinada con la fiscalía de Chihuahua para efecto de poder solicitar la extradición cuando hubiera delitos catalogados como graves.

Luego de participar en la presentación del Protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política de género en el PRD, Nieto Castillo informó que se vinculó a proceso a tres ex funcionarios del gobierno de Chihuahua y a la ex dirigente local del PRI por el desvío de recursos públicos con fines electorales.

A partir de ahí se solicitó primero la ficha roja a Interpol, y a los Estados Unidos se ha pedido la extradición de César Duarte, puntualizó el fiscal especializado.

De igual manera se pidió el desafuero de la presidenta del Congreso de Chihuahua, en virtud de que era la dirigente del tricolor al momento en que ese partido recibió alrededor de 14 millones de pesos entre 2014 y 2015, los cuales no fueron reportados al Instituto Nacional Electoral (INE).

Santiago Nieto expuso que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados tiene en sus manos el caso y dijo esperar la resolución correspondiente.

También señaló que se abrió otra carpeta de investigación contra las juntas de agua potable en Chihuahua y Ciudad Juárez, donde se retuvo a los trabajadores entre 5 y 10 por ciento de sus sueldos para destinarlos al PRI.

Agregó que trabaja con otros funcionarios de la Procuraduría General de la República para poder lograr la pronta extradición de Duarte Jáquez y que comparezca ante la justicia mexicana.

Por otra parte, informó que se han abierto diversas investigaciones sobre el presunto desvío de la ayuda para los damnificados por los sismos de septiembre, con fines electorales, en estados como Morelos.