Chilpancingo, Gro.

El gobernador Héctor Astudillo Flores ofreció una recompensa a quien proporcione información sobre los autores del multihomicidio del ex dirigente perredista Ranferi Hernández Acevedo, su esposa, su suegra y su chofer el sábado pasado, en los límites de los municipios de Ahuacuotzingo y Chilapa.

En entrevista consideró ayer que se requiere investigar este lamentable acontecimiento, este crimen deleznable que sin duda coloca a Guerrero en el escándalo nacional que nadie desea, al igual que el asesinato de Francisco Tecuchillo, ex alcalde de Zitlala, perpetrado también en la Montaña baja. Agregó que estos hechos suceden en un territorio que se ha tornado violento. Nosotros lo que tenemos que hacer es orientar una serie de acciones por medio de los órganos institucionales.

El gobernador afirmó que por las condiciones de salvajismo del crimen, vale la pena que se haga una investigación profunda y se gaste lo que es necesario para aplicar la ley, aunque no precisó el monto de la recompensa por los homicidas de Hernández Acevedo, quien fue perseguido luego de señalar directamente al entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer de ser autor intelectual de la masacre de Aguas Blancas, cometida el 28 de junio de 1995.

Exigen justicia organizaciones y centros de DH

Mientras, en conferencia de prensa dirigentes de organizaciones sociales, entre ellas la Red Guerrerense de Derechos Humanos, el Comité de Padres de los 43 normalistas desaparecidos y su abogado, Vidulfo Rosales Sierra, calificaron el homicidio de Ranferi Hernández de crimen de Estado. Responsabilizaron a los tres niveles de gobierno del asesinato y demandaron una pronta y profunda investigación para detener y castigar a los responsables.

Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó que Ranferi Hernández fue un combatiente incansable, principalmente en su lucha por la justicia en el caso Aguas Blancas. El asesinato sistemático de luchadores sociales y periodistas es una muestra del socavamiento de la democracia. Asimismo, propuso la creación de una fiscalía especial para el caso, que lleve a los responsables ante la justicia.

De su lado, el secretario general del Centro de Derechos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, aseveró que las muertes de Hernández Acevedo y su familia son producto del narcoestado creado por la impunidad que se vive en Guerrero.

En tanto, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN) condenó el asesinato y exigió al gobierno federal y al de Guerrero el esclarecimiento del crimen y justicia inmediata.

Daniel Zuñiga Maldonado, vocero de la CNPA-MN, calificó de cobarde el asesinato y calcinación del dirigente y la familia que le acompañaba.

Indicó que el homicidio de Hernández Acevedo se da en medio de una ola de asesinatos de dirigentes sociales y opositores al actual gobierno de Guerrero.

Aseguró que en 2017 los municipios con mayor número de asesinatos son Acapulco, Chilpancingo y Chilapa. Por ello, “es momento de decir un ‘basta ya’ de asesinatos de líderes campesinos y demandar castigo a los autores materiales e intelectuales”.

Con información de Carolina Gómez Mena