Madrid.

La Unión Europea (UE) cerró de nuevo filas ayer con el gobierno de España, frente al proceso independentista impulsado por Cataluña, donde las principales empresas mantienen presión para frenar el proceso secesionista.

Después del referendo de independencia celebrado el primero de octubre, las autoridades catalanas, presididas por Carles Puigdemont, han estado en el ojo del huracán político, mediático y empresarial. Las presiones para que desistiera de la estrategia de declarar la secesión de forma unilateral provinieron de todas partes, si bien las que más mella provocaron en la causa soberanista fueron dos: los mensajes desde las instituciones europeas, que advirtieron que un paso de esa envergadura los dejaría fuera del proyecto común y supondría una vulneración de la legislación de un Estado miembro; y, la segunda, el alud de empresas de origen catalán, incluidas grandes multinacionales que nacieron en esa tierra, que cambiaron su sede social a otro punto del territorio español ante el temor de que su mercado bursátil se viera mermado y para no perder la protección del Banco Central Europeo (BCE).

La hoja de ruta del independentismo era clara y fue pensada para ejecutarse casi de forma automática después del primero de octubre. En su plan, la UE le abría las puertas y en ningún caso habría fuga de empresas a otras regiones por la supuesta incertidumbre jurídica que desataría la secesión.

Horas después de que Puigdemont declaró la independencia y suspendió sus efectos para abrir una fase de diálogo con el Estado español, las presiones contra las autoridades catalanas se intensificaron.

Una de las voces más poderosas de las instituciones comunitarias, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, emitió un mensaje desde Bruselas: Señor Puigdemont, le pido no sólo como presidente del Consejo Europeo, sino también como firme creyente en la UE, en la unión en la diversidad, como miembro de una minoría étnica y un regionalista, como un hombre que sabe lo que es ser golpeando por las porras de la policía. Como alguien que entiende los argumentos y emociones de los dos lados. Hace unos días le pedí a Mariano Rajoy que buscara soluciones sin el uso de la fuerza. Que buscara diálogo, porque la fuerza de los argumentos es mejor que los argumentos de la fuerza. Hoy, le pido que respete en sus intenciones el orden constitucional y no anuncie una decisión que haga imposible el diálogo.

Una escalada diplomática que parecía coordinada. Minutos después, el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, reclamó al gobierno catalán que respete la Constitución.

Pero además de la ofensiva diplomática de las principales potencias europeas, Puigdemont y su gobierno asistieron en días recientes al éxodo de empresas con sede social en Cataluña. Según datos provisionales del gobierno español serían más de 4 mil, pero sin duda las que más daño han hecho al proceso soberanista fueron las de los buques insignia de la economía y el desarrollo de Cataluña de las últimas décadas. Entre ellas las las dos entidades financieras más importantes de la región, Banco Sabadell y CaixaBank, así como la empresa energética Gas Natural, la aseguradora Catalana Occidente, las multinacionales Cellnex, Abertis, Colonial y una empresa símbolo de la región, Aguas de Barcelona.

La última en anunciar que también cambia su domicilio social fue el poderoso Grupo Planeta –que además de tener las editoriales más importantes de España tiene participaciones en medios de comunicación como Atresmedia. El anuncio se hizo después del discurso de Puigdemont en el que declaró la independencia pero la suspendió. Y los dueños de Planeta cumplieron su advertencia: Si se declara la secesión, nos vamos .