Saltillo, Coah.

El ex gobernador Humberto Moreira Valdés (2005-2011) negó estar relacionado con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gestión, como señala un informe sobre asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila, presentado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y organizaciones mexicanas ante la Corte Penal Internacional (CPI).

El informe de la FIDH llegó a la CPI el 5 de julio de 2017 y fue presentado ante la corte de La Haya por el obispo de Saltillo, Raúl Vera López. Lo firman representantes de la Comisión Diocesana para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Saltillo; las asociaciones Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Piedras Negras, Coahuila, y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, entre otras.

En una carta que publicó en su cuenta de Facebook, Moreira Valdés –quien dejó el cargo 10 meses antes de concluir su gubernatura luego de ser designado dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional–, dijo que el pasado lunes envió una declaración por escrito ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional para ponerse a su disposición y rebatir todas y cada una de las difamaciones que sobre mi persona se vertieron en el denominado informe.

Opinó que se pretende vincularlo gratuitamente con hechos delictivos con los que nada tengo que ver. Desestimó el contenido del documento al afirmar que se basa sólo en información periodística que reproduce parcialmente versiones difundidas en otro medio o consigna en forma descontextualizada testimonios indirectos e interesados de narcotraficantes detenidos en Estados Unidos.

Moreira, quien en México y España ha librado imputaciones por corrupción, enriquecimiento ilegal y lavado de dinero, reconoció la buena fe de la FIDH, pero creo que la información manejada en el meritado informe ha sido tomada de forma errónea y omitido datos importantes que habrían ayudado al esclarecimiento de los hechos.

Añadió: “Como ya hice al contestar la información difundida por los autores del informe, una vez más doy un paso al frente y reitero mi voluntad de colaboración con esta federación, así como con la fiscalía de la CPI.

Las desapariciones forzadas de personas y las torturas son crímenes de lesa humanidad y, por ende, de gravedad extrema, por lo que deben ser esclarecidos para preservar los derechos de las víctimas, sus familiares y toda la sociedad, expuso.