Barcelona.

A pesar del empeño de las instituciones catalanas y de que más de 80 por ciento de la ciudadanía reclama votar para decidir su futuro, la cita electoral es todavía una incógnita, debido a la batería de medidas judiciales y policiales lanzadas contra el referendo desde Madrid por el gobierno del derechista Mariano Rajoy.

Cataluña aspira a celebrar hoy un histórico referendo en el que sus ciudadanos responderán a la pregunta: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Una consulta a la que están llamados a votar 5 millones 400 mil ciudadanos de una población de 7 millones 500 mil habitantes, y que integra una de las regiones más prósperas del Estado español.

Si finalmente se vota este domingo, Cataluña celebrará su segunda consulta ciudadana en menos de cuatro años con la autodeterminación como primera cuestión a resolver. El independentismo en la región ha sido una ideología y una bandera histórica, si bien en los pasados cinco años se ha disparado en las encuestas y ha logrado un apoyo nunca antes visto.

Antes de 2012, todas las encuestas sobre preferencias electorales en Cataluña sostenían que algo más de 10 por ciento eran partidarios de la secesión del Estado español, pero actualmente ese porcentaje es de al menos 50 por ciento. En menos de cinco años más de 2 millo- nes de catalanes se han sumado a la causa separatista.

El origen del último desencuentro entre Cataluña y España se remonta a la aprobación del Estatuto de Autonomía de 2006, que fue refrendado por 80 por ciento del arco parlamentario catalán, pero que fue impugnado ante el Tribunal Constitucional (TC) por el derechista Partido Popular (PP), que entonces era oposición en el gobierno central, presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

En junio de 2010, el TC emitió una sentencia que desvirtuaba el acuerdo pactado. En ese momento se inició la espiral de desencuentros políticos y sociales que culminan ahora con un proceso de autodeterminación que podría decretar de forma unilateral la nueva república catalana.

Antes del proceso de referendo de hoy, el anterior gobierno catalán, presidido por el nacionalista Artur Mas, llevó a cabo un proceso similar el 9 de noviembre de 2014, que entonces llamaron consulta ciudadana no vinculante en la que participaron más de 3 millones de personas, de las cuales 80 por ciento se manifestó en favor de la secesión. Esa votación fue de nuevo sometida al escrutinio de la justicia española y le acarreó a sus principales ejecutores, incluido Mas, una serie de condenas, incluidas millonarias multas y fianzas por haber utilizado recursos públicos en la votación.

En el caso del referendo de este domingo, sus impulsores también se enfrentan a la impugnación legal de todo el proceso, que ya fue suspendido de forma cautelar por el TC; pero también se han abierto una serie de diligencias judiciales de carácter civil y penal contra funcionarios, dirigentes políticos, empresarios, medios de comunicación y alcaldes, que de apoyar la votación del referendo podrían ser acusados de hasta cuatro delitos: malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia y sedición.

En caso de ser condenados podrían recibir penas de 15 años de prisión y 20 de inhabilitación.

El gobierno de Rajoy impulsó las querellas ante el TC y de acciones de la Fiscalía General del Estado en los tribunales ordinarios, que ha permitido la incautación de urnas y papeletas, y la neutralización de los recursos tecnológicos necesarios para llevar a cabo la consulta. Además de haber movilizado a más de 10 mil agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que se sumarían a los miles de efectivos de la fuerza policial catalana, los Mossos d’Esquadra, que están a la espera de llevar a cabo un operativo que nadie sabe en que consistirá, pero cuyo objetivo es anular la celebración del referendo.

Esas medidas excepcionales impuestas desde Madrid han evitado que los ciudadanos hayan recibido información oficial sobre la consulta; por ejemplo, su colegio electoral o la propaganda habitual de los partidos, tanto de los simpatizantes del sí, que son la coalición Junts pel sí (Partido Demócrata de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), como de los que defienden la celebración del referendo, pero que no son partidarios de la secesión de forma nítida, como En comú pódem e Iniciativa per Cataluña. Así como los que están en contra de la independencia y del referendo, que son el gobernante y derechista Partido Popular (PP), Ciudadanos y el Partido Socialista de Cataluña (PSC).

Ante la incertidumbre, el gobierno catalán, por conducto de su consejero de presidencia, Jordi Turull, insistió en que todo está previsto para la votación, que se han designado 2 mil 350 colegios electorales, que las urnas están preparadas para ser distribuidas y que el proceso se podrá realizar. Incluso los líderes de los movimientos independentistas, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, reconocieron que considerarían un éxito que logren votar un millón de personas, es decir, la tercera parte de las que lo hicieron en 2014.