En la obtención de los dictámenes de seguridad estructural y de Protección Civil de las escuelas particulares enfrentamos posibles casos de simulación o corrupción, advirtieron supervisores escolares, pues reconocieron que sólo recibimos de las escuelas particulares el oficio emitido por Protección Civil donde se establece que sí cumplieron con la normativa, pero determinar su veracidad o legalidad no es de nuestra competencia.

Dicha tarea, afirmaron, corresponde a las áreas de Protección Civil de las delegaciones o gobiernos locales, a fin de garantizar que los planteles operan con medidas básicas, como salidas de emergencia, manejo adecuado de extintores, capacitación de docentes en primeros auxilios y la realización de simulacros de evaluación constantes, al menos uno por mes.

Destacaron que el temor de regresar a los centros escolares no sólo es de alumnos y padres de familia.

Muchos docentes no quieren regresar a la escuela porque temen por su seguridad, afirmaron. El problema es que están fuera de los planteles por indicación de las autoridades, y esto ha generado un aislamiento de toda la comunidad escolar. Los padres desconfían de los certificados, los alumnos están encerrados en sus casas y los docentes no saben qué pasa en sus escuelas.

Detallaron que para obtener el Acuerdo de incorporación o el reconocimiento de validez oficial de estudios (Rvoe) los planteles particulares deben cumplir con los requisitos del Acuerdo 254, que define, por ejemplo, que el espacio mínimo que se debe garantizar a un alumno en el salón es de 90 centímetros cuadrados; altura mínima de los barandales en pasillos, y el ancho de puertas en salones y acceso al plantel, para garantizar una rápida evacuación.

Verificar que esto se cumpla, insistieron, corresponde en primer lugar a los departamentos de Protección Civil local, pues señalaron que en Ciudad de México cualquier primaria particular debe acudir con toda la documentación correspondiente, que incluye autorización de uso de suelo y programa autorizado de protección civil, a la Dirección de Incorporación de Escuelas Particulares y Proyectos Específicos (Dieppe) de la SEP.

Estos documentos incluyen: solicitud de incorporación con tres anexos, constancia de uso de suelo y constancia de seguridad estructural con vigencia actual o con visto bueno de seguridad y operación.

Es la Dieppe, explicaron, la que envía la primera inspección a la escuela, pero la realizan los supervisores escolares, que estamos más orientados al apoyo técnico pedagógico. Hay personal especializado de la dirección, que acude con el expediente y hace una inspección. Si es necesario emiten una recomendación y se programa una segunda o tercera visita a fin de comprobar que se acataron.

Sin embargo, destacaron que desconocemos cuál es la formación de los inspectores enviados por la Diepe y si son expertos en seguridad de estructura, pues ellos simplemente acuden para ver que se cumplan los requisitos del Acuerdo 254.

Agregaron que las escuelas particulares deben contratar a especialistas propios, avalados por las autoridades capitalinas, para que puedan emitir el Certificado de Seguridad Estructural, cuyo formato, aseguraron, ha causado confusión, porque en la delegación Miguel Hidalgo, por ejemplo, se emitieron tres diferentes; e incluso, pese a que se está aplicando el que diseñó el Gobierno de Ciudad de México, muchos padres siguen con altos niveles de desconfianza.