En México no existe una política general de protección, asistencia y atención para adultos mayores que son víctimas de delitos o violaciones a sus derechos, lo que representa una situación que profundiza los agravios que sufren en los distintos contextos en que se desenvuelven.

Esto se concluyó en el Diagnóstico sobre los contextos de victimización hacia las personas adultas mayores, elaborado por la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV) en conjunto con la organización Bitácoras Liderazgo Social con Equidad.

El estudio identificó daños como violencia patrimonial, despojo, maltrato, omisión de cuidados, falta de cobertura en salud, negación de servicios institucionales, falta de pensiones y apoyos económicos, entre otros.

Entre los factores que inciden en la violación a sus derechos están el género, el acceso limitado a fuentes de trabajo, el bajo nivel académico (sobre todo en las mujeres) y el acceso a la seguridad social,

En el ámbito de la salud se cometen graves violaciones a sus derechos humanos, pues aquellos que tienen el servicio sufren de maltrato y violencia por parte de las instituciones y, en algunos casos, el abandono de sus familias.

Las personas mayores de 60 años representan 6.8 por ciento de la población total del país, hay 12 millones 436 mil 321 mexicanos en ese grupo de edad, de ellos, 6 millones 686 mil 22 son mujeres y 5 millones 750 mil 299 son hombres.

La investigación arrojó que pertenecer a este sector coloca a las personas en una situación de vulnerabilidad que agrava su situación individual y colectiva. En el diagnóstico se observa una invisibilización de este grupo poblacional en todos los espacios en los que se desenvuelven: familia, empleo y comunidad.

Agregó que los procesos de envejecimiento no son iguales para todas las personas, pues también están determinados por las características de género, grupo social, étnico y región demográfica en la que habitan.

Son excluidos de los modelos de desarrollo que ofrece el país; carecen de opciones de desarrollo personal y profesional que dificulta plantearse proyectos de vida después de los 60 años; se enfrentan a una ausencia de política preventiva de violencia dentro de los entornos laborales, familiares, sociales, e institucionales; no se les reconoce política y socialmente, lo que lleva a una falta de reconocimiento individual.

Además, las instituciones de procuración de justicia o que atienden a esta población no cuentan con modelos o protocolos de atención integral que observen las particularidades de los adultos mayores y sus distintos contextos.

Se identificó que el papel de las instituciones de atención a esta población ha sido prioritariamente asistencial, desde una mirada que los coloca como personas menores a las que se debe cuidar y entretener con actividades lúdicas de escaso valor intelectual, pues no se valoran ni reconocen sus saberes, experiencias y aportes.

Aparentemente hoy vivimos en la era de la obsolescencia programada y percibida; la edad y el aspecto físico condenan a las personas mayores a un trato discriminatorio, principalmente a las mujeres, quienes, por las atribuciones de género, llegan a la vejez con un amplio rezago (mayor que el de los hombres) en el acceso a recursos que les garanticen el buen vivir, sentenció el análisis.

Al presentar ayer el diagnóstico, Jaime Rochín, titular de la CEAV, indicó que la situación de las personas adultas mayores como víctimas es apremiante, pues las violaciones van más allá del maltrato y además enfrentan diversas barreras para acceder a un nivel de vida adecuado.

El estudio concluyó que la identificación de los contextos de victimización es fundamental para generar los mecanismos efectivos de acceso a la justicia y reparación del daño.

Se trató de una investigación cualitativa y cuantitativa que se dividió en cinco regiones: noroeste (Baja California y Chihuahua), noreste (San Luis Potosí), occidente (Jalisco y Guanajuato), centro (estado de México, Guerrero y Ciudad de México) y sureste (Oaxaca y Veracruz).