La falta de trabajo adecuado de consignación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso Tlatlaya, estado de México, provocó que los militares supuestamente involucrados en los hechos fueran puestos en libertad, pero la orden de un juez federal para que las indagatorias sean retomadas es una oportunidad para esclarecer este episodio y evitar la impunidad.

Afirmó lo anterior Gabriela Carreón Lee, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; destacó que aún no han sido investigados aspectos cruciales del tema, como el número exacto de víctimas de ejecución extrajudicial, la alteración de la escena del crimen y la existencia de una orden expresa del Ejército para abatir a supuestos delincuentes en horas de oscuridad.

En este momento el caso permanece en la impunidad, porque no hay persona alguna procesada ni detenida por los hechos de Tlatlaya. La investigación de la PGR fue débil y no sustentó bien su acusación, al no allegarse de pruebas esenciales para demostrar la responsabilidad de los militares en la ejecución de varios civiles, ocurrida el 30 de junio de 2014.

Entre los aspectos que la procuraduría no logró esclarecer está el número de personas asesinadas por los elementos castrenses cuando ya se encontraban sometidas y desarmadas, pues mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que habrían sido entre 12 y 15 víctimas, la PGR sólo reconoce ocho.

Además de lo anterior, dijo, no ha aclarado la orden del Ejército de abatir delincuentes en horas de oscuridad ni ha corregido la fragmentación del expediente sobre el caso, que se encuentra dividido en dos dependencias de la PGR.

Dichas falencias en la indagatoria, consideró Carreón, se deben a la falta de capacidad de la procuraduría, cuyos peritos ignoraron diversos elementos importantes y negaron a las tres mujeres sobrevivientes de la matanza su calidad de coadyuvantes en la investigación. Todo ello evitó que los presuntos responsables de los hechos fueron procesados y juzgados.

Ante todas estas carencias, recordó la abogada, el juzgado decimocuarto de distrito de amparo en materia penal le ordenó que reabra las investigaciones, en un proceso que será monitoreado por el juez para verificar su nivel de avance.

Si la PGR impugna esta orden, será una clara señal de obstrucción e implicaría esperar varios meses a que otra autoridad decida sobre el tema. Tlatlaya es un caso paradigmático, pues representa todo lo que el sistema de procuración de justicia ha hecho mal y la batalla que deben dar las víctimas para llegar a la verdad, enfatizó Carreón Lee.