La agricultura:
dos caras del libre comercio

Jorge Witker Velásquez Director del Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior, Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid

FOTO: Enrique Pérez S. / ANEC

Con ocasión de la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y aceptando lo que han dicho los secretarios de Agricultura de Estados Unidos y de México, que el mercado agrícola debe ser justo, libre y abierto, parece oportuno analizar si dichos principios efectivamente están presentes en nuestro cuantioso comercio bilateral.

Las informaciones vertidas al respecto muestran claroscuros de un sector que ofrece diversas ópticas o enfoques, es decir, la agricultura es una actividad económica estratégica o un sector más de lucro mercantil legítimo.

De entrada, dos premisas que arrancan del TLCAN actual aclaran o dificultan la temática: el principio de universalidad, y el de simetría.

La universalidad supone que las disciplinas del libre comercio integran la cadena alimenticia total, y la colocan a la par que mercancías-manufacturas. Esto es, granos, cárnicos, semillas, fertilizantes, vegetales, etcétera, equiparados a autopartes, computadoras y automóviles. Por su parte, los servicios, incluyendo los culturales, completarían esta visión universalista y holística de los intercambios mercantiles.

La simetría, por su lado, implica que los tres países tienen condiciones de desarrollo equivalentes, al margen del diferencial per cápita y niveles de vida. En 2016, mientras Estados Unidos tuvo un ingreso per cápita de 57 mil 466.76 dólares, el de México fue de ocho mil 201.95 dólares, según Banco Mundial.

Estos dos principios, que inspiraron el TLCAN original, que más que tales son sofismas, fueron los que iniciaron el comercio Norte-Sur formalmente, rompiendo un largo camino que viene del Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947, en que se excluía la agricultura del libre comercio, y se reconocía un trato especial y diferenciado para los llamados “países en desarrollo” (parte cuarta del GATT-47).

En efecto, el TLCAN diseña tendencias opuestas, crea el sofisma del comercio de bienes homogéneos y similares, y nivela el mercado y el terreno entre desiguales.

La aplicación de estos enfoques ha derivado en una agricultura mexicana dual, con perdedores y ganadores. Así, por un lado exportamos aguacate, espárragos, tomates, cerveza, tequila y carne de cerdo, con indicadores positivos, y con valor de 24 mil millones de dólares, según algunas versiones. Pero por otro lado –algo que lamentablemente casi nadie menciona– están las importaciones de granos y cárnicos, que se han incrementado significativamente. Situación paradójica que ha permitido a un ex funcionario afirmar: “gracias al TLCAN, las exportaciones de aguacate nos han permitido importar nuestra comida”. Afirmación que, sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) aclara con estos dos rubros:

• Valor de importaciones de maíz amarillo y blanco (2015-2016): 2 mil 500 millones de dólares.

• Valor de exportaciones de aguacate (2015-2016): mil 614 millones de dólares.

Desmentida la cita precedente y ratificada la equiparación de alimentos con mercancías, fusión que criterios mercantilistas han impuesto en el comercio bilateral, conviene rescatar algunos datos.

El comercio agrícola efectivo sigue apegado a considerar la cadena de valor alimenticia como segmentos estratégicos: Japón reserva el arroz para su mercado interno; Canadá reserva los lácteos, avícolas, y maderas; la Zona Euro mantiene la antigua Política Agraria Comunitaria (PAC) como área restringida y regulada, y numerosos países –incluyendo a nuestros vecinos– aplican medidas sanitarias y fitosanitarias con rigidez en sus fronteras, y la reciprocidad no está presente, especialmente, en nuestro comercio agrícola regular.

FOTO: Archivo ANEC

Es decir, al parecer, en los mercados actuales, alimentos, vegetales y perecederos no aceptan la universalidad ni la simetría antes señaladas.

Pero en estos 23 años de experiencia del TLCAN, el sector agrícola tampoco ha sido funcional a un comercio justo, libre y abierto, pues ni la libre competencia, ni la libre concurrencia han existido, y no ha habido congruencia con el texto del artículo 1907 del TLCAN, que dice:

“Consultas […] 2. Las Partes acuerdan además, consultar entre sí: a) la factibilidad de desarrollar reglas y disciplinas más eficaces sobre el uso de subsidios gubernamentales; y b) la factibilidad de apoyarse en un sistema sustituto de reglas para tratar las prácticas transfronterizas desleales de precios y el otorgamiento de subsidios gubernamentales”.

En efecto, los subsidios, que se otorgan anualmente a los productores, por la renovada Farm Bill (Ley Agrícola de Estados Unidos) permiten una ventaja artificial que anula toda posibilidad de competir en terreno parejo y en libre mercado, orillando a los productores nacionales a competir, más que con sus contrapartes, con la Oficina del Tesoro de nuestro país vecino del norte.

A lo anterior, según estudios del Agricultural Dumping Under NAFTA, de la Universidad de Tufts, se suma el dumping practicado: en maíz, un 19 por ciento, en soya 12, en trigo 34, en algodón 38, en arroz 16, en carne de res un cinco por ciento, en carne de puerco un diez y en carne de pollo un diez por ciento, márgenes detectados y registrados entre 1997 y 2010.

A las anteriores prácticas desleales, algunos productores mexicanos han señalado la existencia de oligopolios que controlan, en los hechos, el sistema agroalimentario nacional, en donde destacan Gruma, Viz, Monsanto, Cargill, Nestlé, Kellogs y Bimbo, los que imponen oferta, demanda y precio, que han impactado de tal forma a los consumidores que año 2000 se pagaban 4.60 pesos por kilogramo de tortilla y en este 2017 son 13.74 pesos por el mismo producto.

Por ello, es necesario, en las nuevas negociaciones y actualizaciones del TLCAN, traer al debate a todos los interesados en la política agraria integral nacional, y no sólo a segmentos beneficiados, por importantes que parezcan.

Los productores deben ser los primeros a convocar a lo largo del país (productores de arroz, maíz, soya, trigo, lácteos, frijol, ganaderos, porcicultores, avicultores, pequeños agroindustriales), a fin de diseñar una estrategia negociadora alimentaria completa y no parcial. También deberán ser convocados los trabajadores agrícolas, ejidatarios y comuneros, más los consumidores, quienes tienen además que ser defendidos frente alimentos que entran a México sin cumplir normas y estándares de calidad de otros mercados.

En síntesis, proponemos como agenda negociadora del interés nacional agrícola los siguientes puntos que resumimos:

1. Apostar al verdadero libre comercio, sin subsidios, dumping ni otras prácticas restrictivas;

2. Regular los monopolios y oligopolios comerciales, a fin de abrir el mercado a productores nacionales y extranjeros diversos;

3. Convocar a productores reales a programar una disminución gradual de las importaciones desleales de granos, para fomentar el desarrollo agrícola nacional;

4. Hacer exigible el derecho humano a la alimentación de los ciudadanos, y

5. Exigir reciprocidad en estándares, normas y calidad de los productos alimenticios, que lamentablemente en algunas ocasiones llegan al mercado interno sin control alguno.

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