Chilpancingo, Gro.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), declaró que la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha resuelto ocho de las 57 observaciones o recomendaciones que el organismo emitió en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014, y el resto están en vías de hacerlo.

El ombudsman anunció también el inicio de un programa de atención a víctimas para el estado de Guerrero.

Entrevistado en esta capital aseguró: ‘‘Hemos hecho tres reportes a la PGR del caso Ayotzinapa; en el primero se hicieron 32 observaciones, de las cuales 26 fueron a la procuraduría y el resto (seis) a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para reconstruir el tejido social, así como al gobierno municipal y a la Fiscalía del estado.

Dijo que en el segundo reporte se mencionó que al menos ‘‘a dos elementos de la Policía Federal se les debe abrir una investigación; es una línea importante que se debe impulsar, junto con el reporte al que se le debería poner atención a la policía (municipal) de Huitzuco, y pedimos que se investigara’’.

Un tercer informe fue en relación con ‘‘el joven (Julio César Mondragón) que perdiera la vida, que había sido desollado o carcomido por la fauna. De las 57 observaciones enviadas a la PGR, apenas ocho están en vías de cumplimiento’’, reiteró.

Mencionó además que han exigido al gobierno estatal y federal la aprehensión de los policías federales y municipales de Huitzuco. ‘‘Es una línea que se debe agotar exhaustivamente, y es una línea importantísima que se debe de investigar; ese es uno de los pendientes’’.

González Pérez consideró que el tema de las desapariciones no debe quedar al margen, pese al próximo proceso electoral. ‘‘Es un tema tan lacerante, en donde el país ha estado exhibido tanto a escala nacional como internacional; no deben de privar los procesos electorales, sino los de los derechos humanos; a los familiares que están aquí y a las familias y su dolor; no sólo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sino los de Coahuila, Querétaro o Sinaloa’’.

Manifestó que en el caso de las desapariciones, ‘‘el Distrito Federal (sic) no dio información al respecto, lo mismo que Jalisco, y algunos la dieron parcialmente’’. En relación con la propuesta de que en Guerrero se declare una emergencia humanitaria, el ombudsman nacional expresó: ‘‘Creo que más bien se debe exigir a los estados mayor atención para el respeto a los derechos humanos y evitar las desapariciones. El caso de Chilapa nos preocupa, a pesar de que hemos pedido medidas cautelares para evitar más muertes’’.

Finalmente, anunció que se está trabajando con las iglesias, las universidades, los colectivos, en un proyecto que se denomina Guerrero es Primero, el cual ‘‘es un trabajo coordinado desde la sociedad civil para poder apostarle a un territorio sin violación a los derechos humanos’’.

En el foro participaron el Comité de Padres de Familia de los 43 Estudiantes de Ayotzinapa; el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota; la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria; el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, así como el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, y organizaciones no gubernamentales.