Centro de la polémica en las pasadas elecciones locales, los programas sociales serán regulados por el Instituto Nacional Electoral (INE) con la creación de una especie de padrón que definirá cuáles pueden continuar durante las campañas electorales de 2018, así como emblemas o eslogans que se pueden usar.

El consejero Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, explicó lo anterior y descartó que se vaya a interrumpir la vigencia de todos estos beneficios, porque tienen un blindaje constitucional y además el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dicho que los programas sociales no pueden suspenderse.

Planteó que a su regreso de vacaciones, el lunes próximo, los consejeros del instituto trabajarán en definir nuevos lineamientos, adicionales a los polémicos de piso parejo, que establezcan la ejecución de algunos programas y la suspensión de otros.

Para ello, el INE estudiará las características de cada prestación social, cuáles se ajustan a las disposiciones constitucionales y cómo deben ser identificadas. Para mí el meollo del asunto es la identificación clara de los programas sociales para saber cuáles se permiten difundir y a partir de qué tipo de eslogans y de símbolos que los identifiquen, refirió.

De manera que determinarán qué tipo de emblemas y eslogans deben aparecer cuando se entreguen los beneficios correspondientes y hasta qué momento los servidores públicos pueden aparecer, hasta cuál no y qué servidores sí y qué servidores no.

Aunque en los lineamientos del supuesto piso parejo ya se prohíbe a partir del 8 de septiembre la aparición de servidores públicos que aspiren a un cargo de elección popular en actos masivos donde se otorguen esos recursos a la población.

La última palabra

Falta que el TEPJF diga la última palabra sobre los mismos, ya que serán impugnados por la mayoría de partidos políticos, aunque Baños se mostró optimista de que prosperen, porque la sala superior tiene buenos elementos para apoyar la decisión del INE.

Uno de los temas medulares que argumentaron Morena, PAN y PRD en sus impugnaciones a los resultados de las elecciones del 4 de julio fue lo que definieron como uso electorero de los programas sociales por parte del gobierno y el PRI en el estado de México, Coahuila y Nayarit.

El propio instituto comprobó que de 141 mil 151 beneficiarios del programa Mujeres que logran en grande, 9 mil 745 fueron representantes de casilla de diversos partidos políticos; sin embargo, ocho consejeros votaron en contra de continuar las indagaciones para determinar si había alguna conexión.

De este grupo de beneficiarios, 3 mil 811 representaron al PRI, así como a sus aliados: 963 al Partido Verde y 683 a Nueva Alianza, en tanto 935 al PRD, 860 a Morena y 351 al PT.

Baños rechazó que en los lineamientos deba regularse la participación de beneficiarios, porque estar en un listado de este tipo no impide el ejercicio de los derechos políticos como lo es participar como representante de casilla por algún partido político o candidato independiente.