n una comparecencia ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa capitalina (ALDF), el jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, rechazó los señalamientos por supuestos vínculos con Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, a quien se atribuía el liderazgo de organizaciones de narcomenudistas en esa demarcación, y quien resultó muerto, junto con varios de sus presuntos cómplices, en un enfrentamiento con elementos de la Marina el pasado 20 de julio. El encuentro se caracterizó por la insistencia de diversos diputados locales perredistas y priístas en sostener acusaciones de gravedad contra el delegado –el cual desvirtuó algunas de ellas con facilidad–, por la amenaza de iniciar un juicio de procedencia en su contra sin que exista imputación formal alguna y por la construcción de un escenario de tensión por parte de la propia Comisión de Gobierno, la cual ordenó un cerco policial aparatoso, aunque innecesario, en torno a la sede de la ALDF. En forma simultánea, resultó inocultable la fabricación de un ambiente mediático condenatorio en contra de Salgado Vázquez.
Sin prejuzgar sobre la veracidad de las acusaciones esgrimidas tanto en el legislativo local como en diversos órganos informativos, ni sobre la culpabilidad o la inocencia del jefe delegacional de Tláhuac, todo indica que ayer se buscó presionar a los órganos de procuración e impartición de justicia, si no es que suplantarlos, mediante la generación de un estado de opinión pública que dé por hechos probados los señalamientos que, por ahora, se encuentran en fase de investigación por parte de las procuraduría capitalina y federal.
Por otra parte, no es fácil entender que se busque centrar exclusivamente en Tláhuac la degradación de la seguridad pública y el auge de la delincuencia –fenómenos que se extienden al resto de las delegaciones de la Ciudad de México– y que se haga recaer la responsabilidad por ellos únicamente al funcionario mencionado, habida cuenta que los jefes delegacionales prácticamente no tienen control ni mando sobre las corporaciones policiales y que son las secretarías local y federal de Seguridad Pública las responsables de la prevención y el combate de actividades criminales como las que se atribuyen al grupo que encabezaba El Ojos. Más aún, es claro que la gestación del creciente poder delictivo que quedó al descubierto el 20 de julio es anterior a la llegada de Salgado a la jefatura delegacional. Tendría que ser de obvia resolución, por tanto, la extensión de la investigación a otras autoridades y a otras instancias capitalinas.
Con estos razonamientos en mente, es de obvia necesidad una actuación estrictamente imparcial, apegada a derecho y ajena a los afanes de linchamiento público. Si no se actúa de esa manera se dejará en la opinión pública, de manera inevitable, la impresión de que detrás de la actuación de la mayoría en la ALDF y de las instancias de procuración hay una determinación de aplicar la justicia en forma selectiva y facciosa y, peor aún, de que se busca capitalizar la situación de Tláhuac con propósitos políticos de cara a las elecciones generales del año entrante.
En suma, es necesario investigar a Salgado Vázquez y esclarecer si los señalamientos en su contra son ciertos o no y actuar, en cualquier caso, conforme a derecho; pero para que los actos de las autoridades tengan credibilidad es imprescindible respetar la procedencia de los organismos de procuración y jurisdiccionales e incluir en las pesquisas a una cadena de responsabilidades institucionales que no necesariamente empieza y termina en ese jefe delegacional.
