lo largo de la historia, la soberanía y la supervivencia de las naciones ha estado condicionada a la existencia y capacidad de una serie de elementos, los cuales han venido cambiando con el tiempo y con el desarrollo mundial. En el mundo capitalista en el que hoy vivimos, la soberanía y la supervivencia de las naciones están condicionadas por el aseguramiento de los recursos estratégicos que poseen; para un país con las dimensiones y características del nuestro, tales recursos incluyen necesariamente la energía, el agua, la alimentación, la balanza comercial y la educación.
La energía con sus fuentes de abastecimiento y sistemas de distribución, necesaria para asegurar las diversas actividades de la población, así como de sus industrias e instituciones públicas. El agua necesaria para la vida y la higiene de los seres humanos, así como para la agricultura, la ganadería y la industria, incluyendo sus fuentes y sus redes de distribución. La autosuficiencia alimentaria de su población, conformada ésta por sus productos agrícolas, ganaderos y pesqueros, así como por su capacidad de transformación, almacenamiento y distribución. La educación de sus nuevas generaciones necesaria para asegurar la conservación de sus raíces, de su cultura y de los valores que conforman su identidad; al igual que para mantener y desarrollar sus capacidades productivas y transformadoras, que le aseguren un mayor nivel de competitividad económica y de bienestar social. No es este el caso actual de nuestro país; durante los últimos 30 años los sucesivos gobiernos de la República lejos de hacerse responsables del cuidado de estos recursos, se han dedicado a enajenarlos, configurando actos de irresponsabilidad y de traición a la patria con diversos agravantes.
La balanza comercial es igualmente importante en la actualidad, en cuanto que ella nos indica directamente la salud de la economía nacional, así como el nivel de dependencia de otras naciones, y en nuestro caso particularmente de Estados Unidos. En este sentido la contribución de los migrantes mexicanos que año con año hacen importantes envíos de remesas, se han constituido paradójicamente en un factor fundamental de dicha balanza, que es hoy amenazada por el actual gobierno estadunidense, tanto ante la construcción de un muro divisorio, como por el incremento de sus medidas orientadas a la expulsión de miles de migrantes mexicanos, siendo este el escenario en el que se pretende renegociar
el tratado de libre comercio que México tiene con esa nación vecina y a la vez distante e imperial.
El modelo de país que nos ha sido impuesto desde el exterior, durante los últimos 35 años, en los que sucesivos regímenes priístas y panistas han actuado como gobiernos de ocupación al servicio de intereses extranjeros, ha estado orientado a enajenar precisamente tres de estos recursos estratégicos mencionados (la energía, el agua y la educación, si bien en este último caso, han fracasado gracias a la heroica resistencia de los maestros).
Durante el gobierno de Carlos Salinas, las alteraciones realizadas a la Constitución para permitir la enajenación de las tierra de cultivo amparadas por el régimen ejidal y la desaparición del Banco Nacional de Crédito Rural pusieron en riesgo la autosuficiencia alimentaria, agravándolo con la negociación del TLC, que si bien hizo posible en un principio el abaratamiento de los productos agrícolas, facilitó la compra de grandes extensiones de tierra por parte de empresas particulares, muchas de ellas de origen estadunidense.
Durante el presente sexenio caracterizado ya de manera pública por los niveles de corrupción generalizada y ejemplificada por los más altos funcionarios del gobierno, tres de los recursos estratégicos de la nación han sido formalmente enajenados mediante verdaderos actos de traición imputables directamente al Presidente de la República, y a los miembros del Congreso que aprobó, a espaldas de la nación, las llamadas reformas estratégicas.
Recientemente se hizo público el hallazgo de un importante yacimiento petrolero en las aguas territoriales mexicanas cercanas al puerto de Dos Bocas en el estado de Tabasco, por parte de dos empresas asociadas, una estadunidense y una mexicana. No deja de llamar la atención que entre los socios de la empresa mexicana, estén familiares de Carlos Salinas, sobre todo al saber que la existencia de ese yacimiento podía inferirse de la información geológica que es propiedad de Petróleos Mexicanos, y que ésta debió ser conocida por los miembros del Consejo Nacional de Hidrocarburos, ente regulador de las zonas o bloques a licitar, de manera que el enajenamiento de ese yacimiento conforma un ejemplo de lo que está sucediendo con los recursos de la nación, como consecuencia de la reforma energética impuesta por Peña Nieto para impulsar la economía nacional
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Que podemos esperar de las negociaciones del TLC con el gobierno de Estados Unidos, cuyas intenciones son conocidas desde ahora, cuando los intereses de México sean representados por funcionarios de la actual administración, que hoy carece de la confianza de la mayor parte de la población mexicana, debido entre otras cosas a su escaso compromiso con la nación, así como las conductas serviles exhibidas por Peña Nieto y su secretario de Relaciones Exteriores ante el presidente estadunidense. ¿Sería posible exigir el retraso de tales negociaciones hasta las elecciones del año próximo, de manera que sea el nuevo gobierno mexicano el responsable de realizarlas?
De no ser esto posible, será necesario que el Congreso de la Unión discuta públicamente los temas del TLC que habrán de revisarse e imponga a los funcionarios del gobierno mexicano las políticas y medidas que éstos habrán de negociar con el gobierno estadunidense, así como el mandato de hacer públicos los acuerdos logrados.
Ciertamente el Congreso de la Unión en el presente, está formado por individuos diferentes a los que aceptaron y convalidaron el llamado Pacto por México, y aunque una buena parte de los congresistas hayan sido impuestos por el partido del Presidente, ellos tienen hoy la oportunidad de mostrar su compromiso con la nación, impidiendo que el gobierno en un acto más de sumisión y entrega, a cambio de beneficios y salvoconductos futuros para los altos funcionarios, entreguen también lo que queda aún de la autosuficiencia alimentaria y con ello la soberanía nacional, con su consecuente deterioro de nuestra balanza comercial y nuestra economía en general.
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