Las empresas responsables de la construcción del tramo carretero en el cual dos personas murieron al caer en un socavón el miércoles pasado a la altura de Cuernavaca, Morelos, arrastran un historial de fallas en las obras en que han participado, así como retrasos en los tiempos de entrega, además de que han sido señaladas en varias ocasiones por incrementar los costos respecto de los presupuestos originales.

El llamado Paso Exprés, de la autopista México-Acapulco, fue construido por la empresa mexicana Epccor, en consorcio con la española Aldesa.

Epccor es propiedad de la familia Gutiérrez Cortina, la misma cuya empresa Gutsa Infraestructura se ha visto envuelta en diversos escándalos por la deficiencia de sus obras, como fue el caso de la biblioteca José Vasconcelos y la Estela de Luz, en la Ciudad de México.

En 2007, la empresa proyectó un costo inicial de mil millones de pesos para la biblioteca José Vasconcelos, pero dos años después la obra terminó costando 2 mil 300 millones, según el diputado Alfonso Suárez del Real (PRD).

La empresa fue inhabilitada por primera vez por un año el 10 de diciembre de 2007, luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que Gutsa Infraestructura actuó de manera negligente en las obras de reparación de la Autopista del Sol, se retrasó hasta mil 200 días en la conclusión de los trabajos y recibió pagos indebidos.

En el caso de la Estela de Luz la obra debió haberse entregado el 21 de agosto de 2010 para los festejos del bicentenario, pero eso ocurrió más de un año después, el 30 de diciembre de 2011.

La empresa fue inhabilitada hasta 2015, sin embargo Gutiérrez Cortina constituyó, unos meses después, a través de sus hijos, la empresa Epccor, con la que ganó licitaciones, como fueron las del Paso Exprés y para construir la cimentación de la torre de control del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la principal obra de infraestructura de la actual administración.

La empresa se adjudicó en noviembre de 2005 la construcción de la terminal de vuelos internacionales (T2) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en un contrato por 519 millones 523 mil pesos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una serie de deficiencias, entre ellas que los trabajos se habían iniciado sin contar con la manifestación de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni con el dictamen de impacto urbano.

Además, la obra debía concluir en septiembre de 2006, y la empresa solicitó una prórroga para enero de 2007, que también incumplió.

Privatización del agua

Asimismo, a Epccor se le señala de haber operado la privatización del agua pública en Puebla, durante el mandato de Rafael Moreno Valle, por conducto del grupo Concesiones Integrales.

Un reportaje de La Jornada de Oriente detalla cómo, en 2013, el organismo público que tenía el control del servicio, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap), comenzó el proceso de licitación para concesionar sus actividades y luego otorgó el fallo al grupo en diciembre del mismo año sin que éste estuviera ni legal ni físicamente constituido.

El consorcio se conformó legalmente hasta el 23 de diciembre de 2013, sólo 72 horas antes de recibir el título de concesión para administrar el recurso hídrico en Puebla, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Amozoc y Tlaltenango por un plazo de 30 años.

Detalla que en enero pasado, Argelia Arriaga, investigadora del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder), de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), reveló que el Soapap amplió a Concesiones Integrales el contrato a 60 años, por lo que concluyó que la privatización del agua fue el mayor robo del sexenio.

Irregularidades en la Súper

Por su parte, la española Aldesa construyó en 2013 la supercarretera Durango-Mazatlán, conocida como la Súper, la cual, según medios locales, presenta desperfectos en puentes y túneles que están del kilómetro 140 al 156 y en poco más de tres años (de octubre de 2013 a diciembre de 2016) han ocurrido 82 accidentes, en los que murieron 27 personas.

Con 10 años de presencia en México, la empresa española ha obtenido por lo menos 32 contratos del gobierno federal –principalmente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)– por un monto total que rebasa los 14 mil millones de pesos, según reportes de prensa.

Además, posee acciones en una veintena de compañías que operan en 23 estados, según consultas a las bases de datos públicas Compranet y el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).

El mismo día en el que dos personas (los señores Juan Mena López y Juan Mena Romero) perdieron la vida al caer en un socavón mientras viajaban a bordo de su vehículo por el Libramiento de Cuernavaca, la empresa emitió un comunicado de prensa en el que aseguró que el drenaje se colapsó por el exceso de agua y provocó la grieta en la carpeta asfáltica.

Fue ocasionada por la erosión de una alcantarilla afectada por el exceso de basura y una acumulación extraordinaria de agua provocada por las intensas lluvias, justificó el grupo.