La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró válida la fracción 13 del artículo 121 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, que obliga a los órganos públicos a mantener impresa para consulta y disponible en medios electrónicos las versiones públicas de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de los servidores públicos.

Lo anterior, al resolver la controversia constitucional 62/2016 tras considerar que las controversias constitucionales no son el medio para impugnar violaciones a derechos humanos, además de que en el caso no hubo afectaciones a la esfera de competencia del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, que en su momento promovieron este recurso.

Por cuanto al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal Electoral, también de la capital del país, se aprobó el sobreseimiento al no considerarlos sujetos legitimados para promover en este caso.