La Procuraduría General de Justicia (PGJ) aceptó la recomendación 4/2017 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por el caso de los feminicidios de Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés y Nadia Dominique Vera Pérez, y el homicidio de Rubén Manuel Espinosa Becerril, cuyos cuerpos fueron encontrados en un departamento de la colonia Narvarte, el 31 de julio de 2015.

La dependencia informó que se realizarán las acciones pertinentes para atender todos los puntos recomendatorios de la CDHDF contra la procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por la omisión de investigar el caso con la debida diligencia y perspectiva de género.

Los puntos que decidió aceptar en todos sus términos son: la revisión de los protocolos de investigación en la materia, para armonizarlos con el sistema procesal acusatorio; fortalecer la capacitación del personal ministerial y policial, y agotar las líneas de investigación que resulten necesarias.

La CDHDF explicó que entre las omisiones en que incurrió la procuraduría capitalina está no haber informado de inmediato a la agencia especializada de investigación para la atención del delito de homicidio doloso en agravio de mujeres para coordinar la práctica de diligencias.

Además, el personal ministerial no hizo constar en los formatos establecidos las acciones previas al traslado del personal de investigación al lugar de los hechos, y no se dio fe y fijó fotográficamente cada uno de los indicios relacionados con el caso.

Debe pagar indemnización

De igual manera, no se mantuvo la secrecía de las investigaciones, pues en los medios de comunicación se filtró información contenida en la averiguación y no se brindó apoyo sicológico, médico y/o asistencial a las víctimas indirectas, indicó.

Ante ello, consideró que es procedente el pago de una indemnización por concepto de daños inmateriales en favor de las y los familiares de las víctimas directas, por ataques a la reputación, por el daño sicoemocional ocasionado.

Mencionó que la PGJ deberá presentar, en un plazo máximo de 90 días naturales, un plan integral de investigación que subsane las omisiones en los desgloses que quedan pendientes de resolver por su parte.