Se buscará la instalación más adecuada, indica el subprocurador Elías Beltrán
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Jueves 6 de julio de 2017, p. 5
Es ‘‘perfectamente factible’’ que el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa sea recluido en un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), una vez que sea extraditado a México, afirmó Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
Por su parte, Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), señaló que buscará junto con la Comisión Nacional de Seguridad la prisión federal que sea más adecuada para Duarte de Ochoa, y que el ex gobernador veracruzano pueda llegar a México entre el 17 y el 21 de julio.
Asimismo, el funcionario de la Procuraduría General de la República reconoció que está pendiente la decisión de mantener en el Reclusorio Norte o en alguna otra cárcel a Javier Duarte, pero dijo que para las autoridades sería preferible que fuera internado en una instalación federal.
En tanto, el comisionado Sales Heredia –entrevistado al término de un acto en el cual el gobierno de Estados Unidos entregó en donación 30 ejemplares caninos que formarán parte de los binomios de la Policía Federal– señaló que la CNS y la PGR dialogarán acerca del internamiento de Javier Duarte.
Apuntó que el ex gobernador veracruzano puede ser recluido en una prisión federal, ya que los delitos que se le imputan –delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita– son del orden federal.
El martes Javier Duarte aceptó de manera voluntaria ser extraditado de Guatemala a México para enfrentar un total de ocho cargos, seis del fuero común y dos del federal.
El ex gobernador de Veracruz estuvo seis meses prófugo de la justicia mexicana y fue detenido el pasado 15 de abril en un hotel de lujo en la comunidad de Panajachel, en Guatemala.
En contra de Duarte existe una orden de aprehensión librada por un juez federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, y allí sus coacusados fueron sentenciadas a dos años de cárcel y no fueron enviados a una prisión federal, y este mandamiento es con el cual se detuvo al ex gobernador en Guatemala.