e acuerdo con una investigación publicada en el portal Fontanka de San Petersburgo, diversos potentados rusos vinculados al presidente Vladimir Putin han obtenido importantes contratos en Siria, país en el que Moscú desarrolla una amplia acción militar en apoyo al gobierno de Bashar al Assad y en contra de varias organizaciones armadas opositoras, particularmente el Estado Islámico (EI). Según ese sitio periodístico, Yevgueni Prigozhin, muy cercano a Putin, tiene asegurada una cuarta parte del petróleo y el gas del país árabe a cambio de que un grupo paramilitar denominado Compañía Militar de Wagner –vinculado a ese empresario– logre expulsar a los enemigos del gobierno sirio de los sitios de producción correspondientes. Guennady Timchenko, otro magnate del círculo presidencial, es dueño de Stroitransgas, la cual ya empezó a operar en la explotación de yacimientos de fosfatos y en la planeación y construcción de gasoductos en zonas de Siria ya liberadas del control del EI.
La información reseñada indica el grado de involucramiento de consorcios privados en los conflictos bélicos contemporáneos y constituye un crudo recordatorio de que los gobiernos de las mayores potencias bélicas del mundo, entre las que habría que incluir también a Francia y a Gran Bretaña, por ejemplo, no sólo participan en esos conflictos por razones políticas y geoestratégicas, sino por un móvil mucho menos presentable: el de generar grandes oportunidades de negocio para las empresas de sus respectivos países.
Sin duda, esa motivación es más modesta (o acaso no está tan bien documentada) en el caso de la presencia bélica de Rusia en Siria que en la invasión y ocupación de Irak por tropas estadunidenses, en 2003. En los cinco años siguientes, empresas vinculadas al entonces vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney y a Donald Rumsfeld, a la sazón secretario de Defensa, integraron un ejército de mercenarios con ramificaciones en casi todos los sectores de la economía.
A la sombra de Halliburton/KBR, el corazón de ese tramado empresarial, la ocupación de ese arrasado país árabe se caracterizó por la práctica casi sistemática de sobornos, fraudes, sistemas de doble contabilidad, cobros de comisiones irregulares y obtención de contratos sin licitación, pero también por negligencias que costaron la vida a estadunidenses y a trabajadores de otras nacionalidades; los segundos fueron atraídos a Irak, en muchos casos mediante falsas promesas, y una vez allí se convirtieron en víctimas de algo que podría calificarse de tráfico humano.
Entre 2003 y 2008 el gobierno de Bush gastó más de 570 mil millones de dólares en la guerra y ocupación de Irak, y el costo de esas operaciones representó unos cuatro mil 690 dólares a cada hogar estadunidense. El costo para Irak es incalculable, pues los invasores confiscaron y manejaron con total arbitrariedad los recursos naturales del país –el petróleo, principalmente– y destinaron buena parte del financiamiento correspondiente a contratar a las empresas del entorno de Cheney en condiciones de total opacidad.
Es pertinente establecer las diferencias entre la invasión de Irak por las fuerzas de Washington y la participación rusa en el conflicto sirio; la más importante de ellas es que Moscú mandó fuerzas militares a la nación árabe a petición del gobierno local, en tanto que Estados Unidos lanzó su invasión al territorio iraquí en forma unilateral y con el claro propósito de destruir el Estado en ese país. Dicho lo anterior, es claro que en la circunstancia siria, Rusia corre un riesgo concreto de verse arrastrada a una situación semejante a la de Estados Unidos en Irak, y los primeros indicios de ello son los datos aportados por Fontanka.
