Entre 2012 y 2016 el país invirtió mil millones de pesos en los preparativos de un mecanismo de identidad para los ciudadanos. Esta cantidad se suma al gasto de alrededor de 3 mil millones de pesos aplicado el sexenio pasado para el mismo fin.

Si bien se trata de dos proyectos, en distintos gobiernos, hasta ahora no se ha concluido esta plataforma, comprometida por el presidente Enrique Peña Nieto desde 2014 y, en su momento, por su antecesor Felipe Calderón. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en los cimientos del nuevo plan.

En la administración de Calderón (2006-2012) se inició un proyecto hacia la expedición de una cédula; al final de este periodo se había generado una base con los datos de 6.8 millones de menores (niños y jóvenes), con la supuesta entrega de una mica a 3 millones.

Durante el sexenio actual se diseñó otro camino, y para finales de 2014 se acordó que ya no sería cédula, sino clave de identidad para cada una de las personas que integran la población del país, con información que permita certificar fehacientemente su identidad.

En el avance del informe de la ASF sobre el ejercicio del gasto en 2016 –emitido el pasado viernes–, esta instancia se refirió a los procedimientos en materia de tecnología de información y comunicaciones utilizados por el Registro Nacional de Población e Identificación de Personal. Tras hacer la revisión emitió recomendaciones y dos promociones de responsabilidad administrativa por irregularidades en los recursos ejercidos para tal fin.