El Estado mexicano no puede aceptar que instancias internacionales realicen una investigación directa sobre las denuncias de presunto espionaje contra defensores y periodistas, pues esa tarea corresponde a las autoridades nacionales, aseveró el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Campa. Agregó que, en todo caso, el apoyo exterior debe ser de acompañamiento.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló que el organismo a su cargo realiza una investigación independiente sobre el espionaje, por lo que ya solicitó información a las dependencias federales señaladas.

Ambos fueron entrevistados al finalizar el foro de análisis Los derechos de la infancia y la adolescencia en México: la Agenda 2030, que se realizó ayer. Campa subrayó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), ya informó cuál será el procedimiento en las indagatorias, ‘‘para el que ha involucrado a instancias internacionales que seguramente podrán apoyar y que al final se arroje luz sobre qué sucedió’’.

En su opinión, el gobierno mexicano ha estado abierto a la cooperación y al escrutinio internacional, pero ‘‘cuando la propuesta es que organismos internacionales se hagan cargo de las tareas que corresponden a las instituciones nacionales, por lo menos de mi parte hay reserva’’.

A su vez, González Pérez informó que ya se solicitaron medidas cautelares para quienes denunciaron haber sido afectados por el espionaje, además de que se pidió infomación a dependencias señaladas, como las secretarías de la Defensa Nacional, la PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, las que tienen 15 días para responder a la CNDH.

‘‘Les pedimos toda la información de que dispongan como las contrataciones, cómo y quiénes las hicieron, en qué condiciones, cuáles son las restricciones y los criterios, cuáles los protocolos, quiénes son los responsables del manejo de esa información.

‘‘Pero no sólo eso, también nos hemos dirigido a los gobiernos estatales para que informen si han contratado este tipo de equipos y el uso que le han dado, no sólo del tipo Pegasus, sino de cualquiera que pueda interceptar llamadas o acceder a los equipos y privacidad de las personas al margen de la ley, lo que es reprobable y constituiría una violación a los derechos humanos’’, concluyó el ombudsman nacional.