a desigualdad está en el centro de las preocupaciones por un desarrollo sustentable. Cepal, como tantas otras veces, ha resaltado la relevancia de que cualquier programa de desarrollo se proponga la reducción de la desigualdad. Desigualdad que no se limita a la económica, sino que incorpora el tema de la igualdad en el ejercicio de los derechos. Por eso importa ocuparse no solo de redistribuir el ingreso, sino también atender la distribución de activos, medios y oportunidades, de poder e influencia. Cepal señala claramente que la desigualdad tiene un carácter relacional, ligada estrechamente a las relaciones de poder tanto a nivel individual como colectivo.
La centralidad de la dimensión económica de la desigualdad, la que se refiere a la distribución del ingreso, a la distribución funcional del ingreso entre capital y trabajo, así como a la distribución de los activos financieros y no financieros, es absolutamente fundamental. Por esto resulta enormemente ilustrativa la respuesta que han dado algunos grupos empresariales mexicanos al señalamiento de diversos actores económicos estadunidenses que han solicitado que en la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se incorporen las leyes laborales mexicanas. El punto central de industriales y sindicatos de trabajadores estadunidenses es que se eleven los salarios para evitar una ventaja competitiva.
La International Brotherhood of Teamsters, que agrupa a los camioneros estadunidenses planteó que urge que se incorpore en el nuevo TLCAN que los derechos laborales básicos deben fortalecerse y que los salarios de los trabajadores deben aumentar, para que la prosperidad prometida en el pacto comercial sea compartida más ampliamente
. Un organismo empresarial mexicano, el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, respondió con esta vieja letanía: En el tema laboral, cualquier cosa que pudiera manipular el libre mercado en México sería algo que no sería aceptado...
En su planteo insisten en la importancia de que las preferencias del mercado se mantengan abiertas para que el acuerdo sirva a sus propósitos de la mejor manera
(Reforma, Negocios, 27/6/17, p. 1). Su posición es clara: no aceptan que aumenten los salarios de los trabajadores mexicanos.
La respuesta da cuenta de una manera de razonar que se volvió dominante entre los empresarios asentados en México. Frente a la abundancia de fuerza de trabajo era posible, y por supuesto conveniente para las ganancias, pagar salarios bajos. Pese a los requerimientos legales que exigen que el salario mínimo legal permita mantener decorosamente a una familia típica mexicana, lo cierto es que la capacidad adquisitiva del salario mínimo no lo permite. Desde el punto de vista de la distribución funcional del ingreso, es decir de la proporción de salarios y ganancias en el PIB, México destaca por ser el país de América Latina, junto con Panamá, que tiene la menor participación de los salarios en el PIB con apenas 28 por ciento. El promedio latinoamericano es de 40 por ciento, en tanto que en Brasil, Honduras y Costa Rica la participación de los salarios es superior al 50 por ciento.
Esta situación se ha mantenido durante mucho tiempo en México: el último sexenio en el que los salarios mejoraron su participación en el ingreso fue el de López Portillo. Desde entonces, es decir desde hace 35 años, los salarios primero perdieron rápidamente su significación y luego se mantuvieron por debajo de 30 por ciento. El TLCAN fue supuestamente promovido con el propósito de que los niveles de bienestar de los tres socios comerciales convergieran. Exactamente lo que plantea la Hermandad de Camioneros. Para los empresarios que producen en México, muchos de ellos extranjeros, lo que demanda es exactamente lo contrario. Para ciertos inversionistas efectivamente se cuenta con un factor que hace atractivo invertir en nuestro país: los niveles salariales mexicanos son una proporción pequeña de los salarios en Canadá y Estados Unidos. Situación que se explica en buena medida por una decisión deliberada de los distintos gobiernos federales mexicanos.
La negociación del TLCAN forzada por el gobierno de Trump puede ser muy negativa para la economía mexicana. Sin embargo, hay aspectos en los que es posible aprovecharla, buscando mejorar aspectos que han resultado decididamente inconvenientes desde el punto de vista del bienestar de trabajadores y de productores mexicanos. Por eso es indispensable que se abra un período de consultas en el que diversos grupos de nuestra sociedad puedan plantear sus necesidades, de modo que se pueda conformar una estrategia nacional en la que se ponga por delante el bienestar nacional y no solamente lo que conviene a intereses particulares.
