La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló ayer el decreto que amplió el plazo en su encargo de cuatro magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A pesar de que el proyecto de dictamen, elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, establecía que dicha ampliación en el cargo era violatoria de la Constitución y de la independencia judicial, la propuesta no alcanzó los ocho votos necesarios para invalidar dicha designación impugnada, vía acción de inconstitucionalidad, por PRD y Morena.

Será en la sesión de hoy, cuando participen los dos ministros que faltan por fijar su postura (el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán), para que al parecer se oficialice la validación del aumento en el periodo de los cuatro magistrados.

El pasado jueves cinco ministros apoyaron el proyecto que invalidaba el aumento en el cargo de seis a ocho años de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes y Reyes Rodríguez, así como de tres a siete años para Indalfer Infante y José Luis Vargas; tres de sus compañeros, en cambio, consideraron que la medida no sólo era constitucional, sino que fortalecía la independencia judicial.

En la sesión de ayer, Fernando Franco se sumó a Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar y Norma Lucía Piña Hernández en apoyo al proyecto.

Franco sostuvo que el nuevo esquema de escalonamiento “no guarda ninguna armonía con la periodicidad de los procesos electorales, tampoco se logra el propósito de que se combine la experiencia con la renovación (de los magistrados) y, por supuesto, se aleja significativamente de la periodicidad de renovación con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que se da cada tres años.

Margarita Luna Ramos se sumó a la postura del ex procurador general de la República Eduardo Medina Mora, del ex procurador fiscal Javier Laynez Potisek y de Jorge Pardo Rebolledo, quienes consideraron que no causaba mella alguna a la independencia judicial, porque los magistrados tomaron protesta por segunda ocasión, después de que se reformó la ley correspondiente.

La ampliación del plazo, sostuvo Luna Ramos, lejos de constituir un problema de constitucionalidad, es un problema de consolidación para un tribunal que se está formando, por lo que no hay ninguna violación al principio de división de poderes.