l procurador general de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, anunció ayer que el cuerpo calcinado de Salvador Adame Pardo, director de Canal 4TV, de Nueva Italia, Múgica, Michoacán, quien fue levantado el pasado 18 de mayo, fue encontrado el 14 de este mes en un paraje conocido como Barranca del Diablo, en el camino que va de Nueva Italia a Lombardía, y sometido a exámenes de ADN para confirmar su identidad.

De acuerdo con el funcionario, el presunto secuestrador, Daniel Rubio Ruiz, El Cabezas, quien fue detenido hace una semana, habría dado las pistas del crimen presuntamente producto de problemas personales entre el comunicador y ese y otros integrantes de la delincuencia organizada.

Más allá de la complicada e imprecisa trama criminal narrada por Godoy Castro, el hecho es que Adame Pardo se ha convertido en el séptimo periodista asesinado en México desde el 2 de marzo pasado, después de las ejecuciones de Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa y cofundador del semanario Ríodoce (15 de mayo); Filiberto Álvarez Landeros, locutor en Tlaquiltenango, Morelos (29 de abril); Maximino Rodríguez Palacios, del portal de noticias Colectivo Pericú, en Baja California Sur (14 de abril); Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada y colaboradora de Norte, de Ciudad Juárez (23 de marzo); Ricardo Monlui Cabrera, propietario y director del portal El Político y editor de la columna Crisol en El Sol de Córdoba, en Veracruz (19 de marzo), y Cecilio Pineda Brito, director de La Voz de Tierra Caliente, en Guerrero (2 de marzo).

Después de la impunidad, que ha sido denominador común en esos crímenes, los mecanismos de procuración de justicia federal y estatales han acumulado un déficit de credibilidad que recae ahora, de manera inevitable, sobre la versión oficial del asesinato de Adame Pardo. Pero, incluso si lo dicho por el procurador michoacano fuera cierto, el hecho es que la cadena de ejecuciones de periodistas ha alcanzado una frecuencia espeluznante y parece indicativa de una pérdida de control sin precedente en el país.

Los episodios de violencia que cobran vidas de ciudadanos de cualquier profesión, por lo demás, se encuentran en niveles alarmantes, tras el sangriento fin de semana que azotó a Veracruz, los levantones perpetrados ayer en Sinaloa y otros hechos criminales. A pesar de las declaraciones tranquilizadoras y las cifras alegres de las autoridades, la sociedad se encuentra conmocionada por el recrudecimiento y la expansión de un accionar delictivo que, a pesar de capturas anunciadas con espectacularidad, no encuentra una respuesta eficaz de las instituciones gubernamentales.

Es inevitable repetirlo: más allá de nuevos mecanismos, oficinas y reformas legales que no han servido ni mucho ni poco para detener el asalto de la violencia desbocada, es necesario reconocer que la estrategia de seguridad pública impuesta en la década anterior no funciona y debe cambiarse radicalmente el enfoque del combate a los hechos delictivos.

En cuanto al homicidio de Salvador Adame, al igual que en los de nuestros compañeros y colegas ultimados, es pertinente y obligado exigir el esclarecimiento pleno y creíble, así como la aplicación de la justicia a las instancias oficiales obligadas a hacerlo.