Como secuela del reportaje sobre el presunto espionaje gubernamental que difundió el diario The New York Times, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Jaqueline Peschard, consideró que los contratos relacionados con la adquisición de programas para espionaje deberán ser transparentados bajo reservas de ley que impliquen la no afectación de la seguridad nacional.

Entrevistada al fin de la sesión del comité coordinador del SNA sobre las acciones que el propio comité podría adoptar en torno a la denuncia sobre espionaje a periodistas y activistas de derechos humanos, sostuvo que por ahora es un tema que está en el ámbito de la Procuraduría General de la República (PGR) y ‘‘depende cómo avance el caso y si hay funcionarios públicos señalados o de algunos elementos que surjan de las investigaciones’’, como podrían eventualmente intervenir en este tema.

Interrogada sobre la determinación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de reservar la información sobre la adquisición del software, Peschard sostuvo: ‘‘Hay que ver lo que se está reservando; los contratos públicos tienen que ser eso mismo. Y lo que se puede reservar es aquello que va contra del interés público de proteger cierta información, porque en principio eso es un contrato que tiene que ver con seguridad nacional. Se tendría que transparentar en versión pública’’.

En un posicionamiento sobre el tema, el Comité de Participación Ciudadana había señalado que de los detalles contenidos en el reportaje se podrían desprender algunas presuntas conductas ilícitas asociadas a corrupción, como ejercicio indebido del servicio público, mal uso de atribuciones y facultades para aplicar fondos públicos, peculado o la realización de un pago ilegal.

Para el comité, los contratos celebrados por la Procuraduría General de la República, el Cisen y la Secretaría de la Defensa Nacional para la adquisición de un software de espionaje (conocido como Pegasus) deberán hacerse públicos, así como los gastos involucrados en la compra de dicho malware por parte de cada una de las entidades gubernamentales, y transparentar el marco jurídico que justificó su adquisición y uso sobre comunicaciones privadas.