Esa Cámara la avaló en abril pasado con retraso de un año cuatro meses, señala
Lunes 26 de junio de 2017, p. 29
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exhortó al Ejecutivo federal a que promulgue la ley general de tortura aprobada en abril pasado por el Senado.
La ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (ley general de tortura) fue aprobada por los senadores con retraso de un año cuatro meses, después fue turnada al Ejecutivo federal, que hasta el momento no la ha promulgado.
Es imperativo señalar que la falta de publicación de esta ley abona el terreno para la impunidad de quienes torturan y de quienes la avalan por consentimiento, omisión o aquiescencia, en detrimento de la dignidad, salud y justicia de quienes la sufren
, señaló el organismo en un comunicado.
Este lunes se conmemora el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, adoptado el 12 de diciembre de 1997 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Aunque la CDHDF reconoció que en México hay avances legislativos para erradicar la tortura, parte del problema se encuentra en la falta de una debida aplicación de las leyes por las autoridades competentes
.
El organismo informó que ha identificado patrones en la comisión de tortura –durante los procesos de investigación de quejas– por agentes del Estado, principalmente en el ámbito de la seguridad pública, la procuración de justicia y los centros de reclusión, específicamente en el momento inmediato de la detención de las personas, en el traslado, en lugares de detención y en centros de reclusión.
La aprobación de la ley general de tortura por el Congreso federal, aún con temas pendientes por incluir en la ley, constituye un avance que se ha visto truncado por su falta de publicación por el Ejecutivo federal; este retraso es un obstáculo para dotar a las instituciones de los elementos jurídicos necesarios para erradicar la tortura, mientras se sigue abonando el terreno para que quienes cometen o avalan la tortura queden en la impunidad, afectando la dignidad, salud y justicia de sus víctimas