n año ha transcurrido desde que se produjeron los lamentables sucesos que, en el municipio oaxaqueño de Nochixtlán, dejaron un saldo oficial de ocho muertos y 100 heridos, en el curso de un operativo ejecutado por elementos de la Gendarmería y de las policías federal y estatal sobre la autopista federal México-Oaxaca, donde maestros de la Sección 22 de la CNTE, padres de familia y pobladores de la comunidad se manifestaban contra la reforma educativa.

Un año, en cuyo transcurso se ha ido desarrollando una dinámica de opacidad en materia de investigación, falta de avances claros en ese mismo sentido, ambigüedad informativa y virtual empantanamiento de un caso que amenaza con volverse en tristemente emblemático, porque apunta a desembocar en el mismo baldío jurídico en que han acabado otros luctuosos episodios de protesta social en el país.

En ese periodo no han faltado, ciertamente, declaraciones de buena voluntad emanadas de distintos funcionarios de los tres niveles de gobierno, comprometiéndose a impulsar las investigaciones que exigían los deudos de las víctimas, la necesidad de transparencia y en primer lugar la gravedad de los hechos. Días después de producidos éstos, por ejemplo, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aseguraba que ...hay un compromiso de hacer públicos los resultados cuando se tengan; hay un análisis, una investigación y seguramente tendremos resultados pronto. Y por esas mismas fecha el propio titular de la Segob, Miguel Ágel Osorio Chong, frente a la Comisión Especial de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochixtlán –integrada por diputados y senadores– enfatizaba que el propósito del gobierno federal era el mismo de los legisladores: conocer con precisión qué es lo que ocurrió en Nochixtlán.

De entonces a la fecha no han faltado las expresiones que, desde el ámbito gubernamental, recalcan lo saludable que sería para el estado de Oaxaca, las autoridades, las familias de las víctimas y el propio clima político de la República, el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los culpables conforme a derecho.

Pero, como sucede con inquietante frecuencia en México cuando el tema es la justicia, las expresiones bien intencionadas no han sido avaladas con medidas concretas: al momento, y cuando han sido tomadas más de un millar de declaraciones ministeriales a elementos policiacos y testigos presenciales de los hechos de Nochixtlán, no se ha informado que se haya librado orden de aprehensión contra persona alguna y menos que haya detenidos sospechosos o probadamente responsables de esos hechos.

Tal vez suene redundante, pero en todo caso no sobra decir que semejante estado de cosas es lisa y llanamente deplorable. En primer lugar, porque se suma a una larga lista de agravios a la sociedad, que reclama una y otra vez que se acabe la impunidad y se respeten los derechos humanos de los que tanto se habla en el país; en segundo, porque no se logrará restablecer nuestro dañado tejido social si los encargados de brindar seguridad a la ciudadanía la vulneran sin que se les finque responsabilidad alguna por ello; y en tercero, porque si la noción de justicia no empieza por defenderse y aplicarse en el ámbito de la propia esfera gubernamental, difícilmente se puede esperar que sea adecuadamente valorada y asumida por el conjunto de la población.