Tijuana, BC.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por conducto de la comandancia de la Segunda Zona Militar, demandó a los alcaldes de los cinco municipios del estado una limpia de los cuerpos policiacos ante la violencia que vive Baja California, sobre todo Tijuana, cuyo edil, Juan Manuel Gastélum, reconoció: Estamos perdiendo el control de la ciudad.

El comandante de esa zona castrense, el general Enrique Martínez López, informó que en las reuniones de los grupos de coordinación –en los que participan el gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid, los presidentes municipales y las autoridades de seguridad– se instó a hacer esta limpia, que incluye la actualización de los exámenes de control de confianza a los agentes.

Martínez López admitió que todos han hecho el esfuerzo que han podido, aunque también reconoció que la desconfianza hacia las policías municipales ha llegado a tal grado que en una ocasión el personal militar prefirió patrullar Tecate con corporaciones ajenas a la municipal, aunque recientemente han vuelto a hacerlo con la policía local.

Tecate, abundó el mando militar, requiere una limpieza profunda. El viernes fue abandonada una cabeza humana muy cerca de la casa del secretario de seguridad pública municipal, Francisco Castro Trenti, y trascendió que el Ejército Mexicano pidió la destitución del titular de seguridad municipal de Playas de Rosarito, Magdaleno Vázquez Luis.

Este lunes, el gobierno de Baja California dará a conocer la Cruzada por nuestra seguridad, después de que el sector empresarial emplazó al gobernador a presentar resultados en tres meses.

El mandatario y los cinco ediles han responsabilizado de la violencia, en parte, al nuevo sistema de justicia penal, que no encarcela los narcomenudistas ni a los portadores de armas de grueso calibre.

De hecho, la población penitenciaria se redujo en Baja California de 18 mil a 13 mil reos, con la entrada en vigor, en 2016, de un sistema garantista que libera a quienes son detenidos en posesión de lanzagranadas, fusiles de asalto y drogas. Los jueces pueden dictar prisión preventiva, pero no lo hacen.

Jorge Ramos, ex alcalde de Tijuana y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados federal, informó que ya se reunieron Julián Leyzaola –quien estuvo al mando de la seguridad municipal durante su gobierno y fue candidato a la alcaldía por el Partido Encuentro Social en los pasados comicios– y Marco Sotomayor, secretario de seguridad pública de Tijuana, para diseñar una estrategia.

Esta ciudad fronteriza ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos, con 650 en lo que va del año, 167 sólo en mayo.