Grupos civiles pidieron la intervención de la Secretaría de Gobernación (SG) para la atención y posible refugio de un grupo atípico de alrededor de 700 guatemaltecos desplazados de su lugar de origen por presuntas amenazas del ejército de esa nación.

Son unas cien familias que entraron a México el viernes pasado y se trasladaron a un municipio de Campeche; esta situación ya es del conocimiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y se espera una pronta respuesta local, indicaron representantes de organismos no gubernamentales.

Salva Lacruz, coordinador del Centro Fray Matías de Córdova, dijo que en Guatemala, particularmente en el Petén, hay un fenómeno de desplazamiento forzado creciente originado por advertencias de desalojo de ciertos territorios y de una comunidad entera denominada Laguna Larga.

Este grupo se desplazó al municipio La Candelaria, en Campeche; con ellos viajan niños en situación precaria. Sin embargo, dijo, la primera lectura del gobierno mexicano no corresponde a una población desplazada que necesita protección, sino extranjeros en situación irregular.

Del mismo punto, la Comisión Internacional de Juristas expresó su ‘‘más honda preocupación’’ por estos desalojos en Laguna Larga y La Mestiza, en Petén, Guatemala.

Acorde con esta asociación, se avecina un nuevo desalojo hacia el 14 de junio, también a consecuencia de un operativo militar de supuesto resguardo de una zona protegida. Ya hay un ciudadano, Jovel Tovar, acusado del delito de usurpación de áreas protegidas.