El cuerpo de Karla Pontigo, de apenas 22 años, estudiante de nutrición, presentaba más de 40 heridas, varias de violencia sexual, pero la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí, tarde y de manera deficiente, abrió una investigación sólo por homicidio doloso contra quien era jefe laboral de la joven, en octubre de 2012.

Me quitaron lo más valioso que tenía en la vida, dice Esperanza Lucciotto, madre de Karla, quien recuerda que el pasado domingo 28 su hija habría cumplido 27 años de edad.

Karla es una de las siete mujeres que mueren a diario de manera violenta en México, según las cifras más conservadoras de feminicidios. Su caso reúne casi todas las agravantes contra las víctimas en el sistema de procuración de justicia en el país: amenazas permanentes contra los familiares, pérdidas de evidencias, negligencia de las autoridades, negativa para conocer el expediente y colaborar en la investigación, así como dilación e integración irregular de la averiguación previa, entre otras, que se sintetizan en acceso denegado a la verdad y a la justicia.

Doña Esperanza narra que su hija fue hallada la madrugada del 28 de octubre de 2012, desangrándose de una pierna en el antro Play Club, donde los fines de semana trabajaba de edecán para financiar sus estudios; quisieron presentar el hecho como accidente.

Sin embargo, dice que al verla en el hospital, era claro que se tra­taba de un homicidio. Karla presentaba más de 40 heridas, entre ellas agresiones y golpes en la cabeza, mordidas en un labio, casi de desprendimiento; uno de sus ojos severamente lesionado casi salido, y una pierna casi cercenada.

Esperanza Lucciotto, madre de Karla Pontigo, víctima de feminicidioFoto Cuartoscuro.com

Me preguntan qué quiero para reparar el daño. Tendrían que ser dioses, porque quiero a mi hija de regreso. Pero no lo son; pido justicia, sólo eso, y que ninguna madre más viva lo que estoy viviendo, dice.

Relató que después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 55/2015, donde se solicita se sancione la actuación negligente de servidores públicos, entre ellos varios ministerios públicos, ella y su familia han sido objeto de permanentes amenazas.

El caso es acompañado por Amnistía Internacional (AI) México y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), que apremiaron al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, a garantizar la verdad, justicia y reparación para la familia de Karla Pontigo, cuya muerte violenta no ha sido esclarecida a casi cinco años.

Tania Reneaun, de AI México y Ana Lorena Delgadillo, de FJEDD, señalan que el caso está actualmente en el Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que se le ha solicitado que ordene una investigación desde la perspectiva de género. Están a la espera de su pronunciamiento.