El sistema de justicia penal ha mantenido históricamente en el olvido a la víctima y sus derechos, además de que el modelo de investigación de los delitos está colapsado por la escasez de recursos económicos, falta de personal y nula capacitación.

Estas fueron algunas críticas de una decena académicos, representantes de instituciones de justicia, expertos y líderes de la sociedad civil que participaron en el primero de nueve foros de consulta sobre el modelo de procuración de justicia, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

También cuestionaron que a pesar de los avances normativos alcanzados, e incluso con la creación de instituciones que han pretendido ser extraordinarias en favor de las víctimas, en los hechos no se han traducido en una mejoría en el respeto a las garantías de los mexicanos, pues es indudable que el país vive hoy, y desde hace varios años, una grave y creciente crisis de derechos humanos.

Ximena Antillón, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, organización que acompaña a victimas de desaparición ante la fiscalía especializada de la Procuraduría General de la República (PGR), señaló que las agencias del Ministerio Público están colapsadas por la sobrecarga de trabajo, la falta de recursos, así como de personal y herramientas necesarias para la labor de investigar. Ante esta realidad, dijo, se convierten en entes que sólo administran las demandas.

El problema de las victimas es el de la procuración de justicia, es decir, del colapso de la capacidad de investigación y de búsqueda, en este caso, pero tenemos el maltrato que se produce en este proceso, donde el Ministerio Público termina desquitándose con la víctima. Existe maltrato institucional, como la criminalización de las victimas y la revictimización.

En el primero de nueve foros que se realizarán en la Ciudad de México y otras entidades del país hasta agosto, Michael Chamberlain, del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, dijo que el sistema de justicia penal ha sido un camino largo, con la creación de pretendidas instituciones extraordinarias, entre ellas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav), pero poco nos hemos detenido para ver que realmente se pone a la víctima en el centro de todo el quehacer.

Manifestó que hasta ahora el Ministerio Público ha estado más interesado en encuadrar el delito y siempre se olvida de la víctima. Lo vemos en los casos de desaparición de personas, ya que se busca pretendidamente a los responsables, pero casi nunca a la persona ausente.

Juan Carlos Gutiérrez, director ejecutivo de I(dh)eas, organización que también acompañada a víctimas e incluso litiga casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que la totalidad de los familiares de desaparecidos prefieren saber dónde esta su pariente que la reparación del daño. Y es que las instituciones no han entendido que la reparación del daño no sólo tiene que ver con el aspecto económico, sino esencialmente con el acceso a la verdad y la justicia.

Si no se entiende esto ,se va a seguir manipulando el concepto reparación del daño, agregó.

Entre otras deficiencias, Gutiérrez explicó que de 59 asesores jurídicos federales para víctimas de la Ceav, un porcentaje altísimo ni siquiera está contratado con plaza oficial, sino que prestan servicio vía outsourcing.

Propuso que el número de asesores se eleve a 800, para estar a la par con el de los abogados de oficio que tienen los indiciados a escala federal.