La supuesta ejecución a tiros de un civil por soldados mexicanos durante una operación militar debe ser investigada por el gobierno, afirmó ayer Amnistía Internacional (AI) al considerar que las fuerzas armadas están fuera de control.

La posible acción extrajudicial se dio a conocer después de la difusión de un video en el que se ve a un grupo de militares que disparan contra un automóvil, aparentemente para repeler una agresión de civiles armados.

Luego muestra el momento en que los militares detienen al menos a tres personas, y cuando una de ellas está en el suelo, un soldado le dispara en la cabeza.

Este video muestra algo que los activistas de derechos humanos llevan decenios denunciando: las fuerzas armadas mexicanas están fuera de control y nunca les deberían encomendar operaciones de seguridad pública, sostuvo la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas.

Los hechos mostrados en el video, difundido entre el 9 y 10 de mayo, están supuestamente relacionados con los enfrentamientos ocurridos a inicios del mes en el estado de Puebla, durante una operación contra el robo de combustible que dejó seis civiles y cuatro militares muertos.

Guevara-Rosas calificó de indignante permitir que los militares detengan personas e investiguen delitos, debido al trágico historial que tienen las fuerzas armadas mexicanas, que llevan más de una década desplegadas en todo el país como parte de la llamada guerra contra las drogas.

Las fuerzas federales han sido acusadas antes por el uso excesivo de fuerza en casos como el de Tlatlaya, en el estado de México, donde el 30 de junio de 2014 un enfrentamiento dejó 22 presuntos delincuentes muertos y sólo un soldado herido, por lo que un grupo de militares fue acusado de realizar ejecuciones extrajudiciales y posteriormente absuelto.

Otro caso es el de Tanhuato, en Michoacán, donde en 2015 un enfrentamiento entre la Policía Federal y un grupo delictivo dejó 42 civiles y un policía muertos. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ese día 22 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y hubo actos de tortura.

En lugar de tratar de combatir la violencia con más violencia y de correr el riesgo de convertirse en otro grupo criminal, las autoridades mexicanas deberían centrarse en su obligación de proteger los derechos y la seguridad de todas las personas, señaló Guevara-Rosas en un comunicado.

Tras la difusión del video, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Procuraduría General de la República informaron que se habían iniciado las investigaciones para determinar la autenticidad de la grabación y deslindar responsabilidades.

AI, por su parte, indicó que analizó por su cuenta las imágenes sin encontrar ningún indicio de que hubieran sido editadas o manipuladas, por lo que pidió al gobierno iniciar una investigación civil urgente.