Los ex presidentes Luis Echeverría, Vicente Fox y Felipe Calderón, así como las viudas de Miguel de la Madrid, Paloma Cordero, y de José López Portillo, Sasha Montenegro, reciben una pensión mensual de 204 mil pesos, equivalente a la de 54 jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representa una infamia, señaló el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados.

El coordinador perredista, Francisco Martínez Neri, insistió en que es insostenible continuar con esa prebenda, que al año cuesta 12.2 millones de pesos, adicionales a los 28 que representa el equipo de seguridad, así como los asistentes. Ese monto contrasta con (la entregada a) los 3 millones 382 mil pensionados del IMSS, que reciben un pago por cesantía en edad avanzada de 3 mil 777 pesos en promedio, después de toda una vida de trabajo y privaciones, expuso.

En contraste con esa cantidad, que coloca a los jubilados incluso por debajo del mínimo de subsistencia, persisten otras de privilegio, con beneficios que no se justifican.

Desde el inicio de la 63 Legislatura, las bancadas de Morena, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron por separado iniciativas para eliminar las pensiones a ex presidentes, que incluye el pago de bonos, aguinaldos, compensaciones, salarios de escoltas, pago de servicio telefónico y automovilístico, también para sus esposas e hijos.

En cada discusión del presupuesto se ha insistido en suprimir esos apoyos, que además se entregan de forma discrecional. Hay otras áreas que requieren recursos, como los apoyos al campo, mujeres, niños, jóvenes, indígenas, ciencia, desarrollo tecnológico y educación, indicó.

Explicó que Calderón decidió donar su pensión, mientras Carlos Salinas y Ernesto Zedillo no la reciben.

Esto es infame y si bien puede justificarse la existencia de un régimen especial, es inaceptable la discrecionalidad y el dispendio con que ha funcionado este sistema, sostuvo.

Martínez Neri afirmó que si bien la lógica de las pensiones a los ex presidentes, que se entregan desde el decreto de Miguel de la Madrid, en 1987, es que después de su mandato difícilmente pueden desempeñar servicios profesionales y por los servicios al país, lamentablemente esto contrasta con el ejercicio presidencial, caracterizado por los excesos del poder.