La Comisión Permanente del Congreso de la Unión debe llamar a comparecer al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, para que informe sobre los avances de la investigación acerca de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, como solicitan sus familiares, consideraron los senadores Dolores Padierna y Alejandro Encinas.

Este último hizo notar que el respectivo punto de acuerdo presentado por el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, está ya en la Primera Comisión de la Permanente y debe aprobarse a la brevedad.

En el documento se señala que la PGR, en representación del Estado, no ha cumplido con su tarea de proporcionar justicia pronta y expedita a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, por lo que han tenido que recorrer el país y acudir incluso al extranjero en demanda de audiencia.

La coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, presentará otro punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, en el que se pide a la PGR y a la Secretaría de Gobernación instalar una mesa de atención e información con los familiares de los normalistas, para encargarse de las demandas que han planteado en los días recientes.

Sin lugar a dudas los hechos violentos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, marcaron la historia reciente de México como nación democrática, que se encuentra bajo el escrutinio internacional en materia de derechos humanos, resaltó Padierna.

Recalcó que temas como la detención de los policías municipales y federales que participaron en Huitzuco en el ataque a uno de los autobuses que trasladaban a los normalistas, el resultado del análisis de la telefonía celular de los días de los hechos y de los días posteriores de los normalistas desaparecidos, así como una integración de una investigación diligente, seria y efectiva, y sobre el 23 batallón de infantería del Ejército, son temas que los familiares han pedido indagar; así como una investigación sería, formal, diligente e imparcial sobre la presunta tortura a la que fueron sometidos algunos de los detenidos e imputados por estos crímenes, quienes presuntamente participaron ese 26 y 27 de septiembre.