Buenos Aires.

El gobierno del presidente argentino Mauricio Macri se enfrenta nuevamente a otro tema judicial grave, ante las recientes declaraciones del arrepentido del caso de corrupción conocido como Lava jato en Brasil, Leonardo Meirelles, quien aseguró que pagó 850 mil dólares de sobornos al actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, amigo íntimo del mandatario.

En enero pasado se abrió una causa contra Arribas, pero fue cerrada rápidamente, gracias a jueces benévolos. Ahora se reabre y el jefe de la AFI fue citado a participar en la próxima reunión de una comisión bicameral que fiscaliza organismos y actividades de inteligencia, prevista para el miércoles próximo. Anteriormente Arribas fue denunciado por el periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, que defiende a este gobierno, al informar que Arribas habría recibido cinco transferencias del financista Meirelles por 594 mil 518 dólares desde una cuenta bancaria en Hong Kong.

Los pagos tuvieron lugar inmediatamente después de que se relanzó el plan de Odebrecht para implementar el soterramiento del tren Sarmiento en esta capital en 2013, cuando Macri era intendente de Buenos Aires. Hubo justificaciones y una fuerte defensa de Macri a su jefe de inteligencia, lo que presionó a jueces cercanos al gobierno para que cerraran el caso.

El contexto

Esta grave denuncia llega después de las multitudinarias marchas del pasado 10 de mayo en todo el país contra el fallo de la Corte Suprema por la ley que facilita que criminales de la dictadura queden libres. Siete días después de conocerse el fallo de la llamada ley 2x1, el gobierno de Macri debió dar un paso atrás, sin poder explicar por qué los dos jueces impuestos por el mandatario en la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes presentaron el proyecto e impulsaron el fallo que abrió las puertas a la impunidad a quienes se apropiaron de niños y cometieron crímenes de lesa humanidad. Macri debió plegarse a la decisión del Congreso, mientras la Corte realiza malabares para debilitar el fallo.

Si algo faltaba, el Grupo de Trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), invitada por el gobierno, después de que había solicitado la libertad inmediata de la dirigente social Milagro Sala, detenida en Jujuy desde el 16 de enero de 2016, por una justicia dependiente del gobernador oficialista Gerardo Morales, no sólo ratificó su posición, sino tomó otras resoluciones que afectan al gobierno.

El presidente del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Sétondji Roland Adjov, comunicó que el caso de la dirigente jujeña está cerrado para ellos y que debe ser liberada. Ayer el grupo visitó en la provincia de Jujuy la cárcel de mujeres de Alto Comedero, donde Milagro Sala y otras internas denunciaron a la delegación internacional los hechos de tortura y hostigamiento que sufrieron dentro de la prisión, en la que se utilizan celdas de aislamiento para castigar a las internas.

El fiscal del estado de Jujuy, Mariano Miranda, admitió que los delegados de la ONU preguntaron específicamente qué hizo el Ejecutivo respecto de la Opinión 31, resolución en la que –hace ocho meses– pidieron la liberación inmediata de la dirigente de la organización Tupac Amaru.

El grupo de la ONU habló con Sala y demás presas, entre ellas mujeres que sufrieron un violento castigo el pasado 3 de abril, cuando personal penitenciario las golpeó brutalmente, al punto de que a una le rompieron un brazo.

Voceros de Tupac Amaru denunciaron que sus compañeras Mirta Aizama, Gladys Díaz, Mirta Guerrero y Graciela López detallaron las condiciones de detención y mostraron a los integrantes de la comitiva que la noche anterior a su visita cambiaron los colchones de todas las detenidas. Se conoció incluso que las hacían dormir desnudas.

El gobierno de la coalición, de Macri, se niega a cumplir las resoluciones de la ONU sosteniendo que es sólo una opinión, de carácter no vinculante. Ahora todo ha cambiado: hay una solicitud que duerme en la Corte Suprema de Justicia, que debe decidir sobre la liberación de Sala y otras detenidas políticas.

En tanto, el presidente Macri volvió al juego de introducir jueces por la ventana de instituciones jurídicas, como hizo con los dos que puso en la Corte Suprema. El juez Carlos Mahíques, ex ministro de Justicia de la gobernadora de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, había sido nombrado sin pasar por concurso en el Consejo de la Magistratura, después de ser rechazado por la Cámara de Casación Federal, pero Macri lo nombró por decreto, evidenciando irregularidades constitucionales, legales y reglamentarias en torno al nombramiento de un juez definitivo federal en la máxima instancia penal de todo el país, lo que afecta la división de poderes, la independencia judicial y la seguridad jurídica, señala el diario Página 12.