El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) trabaja con las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social un proyecto piloto para analizar las reglas de operación de los distintos programas a fin de identificar espacios donde se puede, incluso de manera involuntaria, excluir a las personas del acceso a éstos.

La titular de este organismo, Alexandra Haas, dijo que estas acciones específicas ayudarán para saber cómo podemos mejorar el alcance de los programas y las oportunidades que se les ofrecen a los grupos de población históricamente discriminados. En entrevista, refirió que el año pasado se logró incluir en el decreto del Presupuesto de Egresos de 2017 la obligación de que todas las dependencias tiene que tomar en cuenta la igualdad y la no discriminación como un eje rector.

Señaló que el Conapred también está realizando un estudio sobre los costos de la discriminación. ¿Cuánto le cuesta al país que las empresas todavía pidan los certificados de no embarazo?, por ejemplo. Añadió que si se suman todos los grupos históricamente discriminados, se hablaría de una mayoría y no de minorías, lo cual representa también un costo muy alto para México.

Alexandra Haas dijo que el establecimiento del Consejo interinstitucional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, impulsado desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es fundamental partiendo de la premisa que para poder crecer y desarrollarnos como país necesitamos incluir a todas las personas, eso significa hacer visible las discriminación estructural que existe, la manera en la cual hay grupos históricamente discriminados que son excluidos de los beneficios del desarrollo.