Guillermina Muñoz Soto, una de las funcionarias más cercanas a la ex procuradora general de la República (PGR) Marisela Morales Ibáñez, solicitó la protección de la justicia federal en contra de la orden de aprehensión que libró el Ministerio Público Federal porque en 2012 avaló la contratación de servicios y equipos de espionaje con presunto sobreprecio.

El caso se litiga ante el juzgado décimo de amparo para que no surta efecto el mandamiento judicial emitido por el tercero de distrito en contra de la que fue ex directora de Tecnologías de Información y Comunicaciones, y también ex oficial mayor de de la PGR.

De acuerdo con los registros del Poder Judicial de la Federación, Muñoz Soto ha promovido dos juicios de amparo, uno de ellos ante el juzgado sexto de distrito en materia de amparo y tiene el número de expediente 315/2017, y otro en el décimo de distrito, con el expediente 622/2015.

La información que se ventila en los juzgados de amparo, así como en el juzgado tercero de distrito en materia penal, con sede en la Ciudad de México, se menciona que la ex funcionaria de la PGR incurrió en responsabilidades al haber avalado la contratación de sistemas que permitieran obtener información de dispositivos Blackberry y de geolocalización de equipos de telefonía en cualquier parte del país con tan sólo conocer los números con los cuales trabajaban los teléfonos.

El gasto

La autorización para adquirir los equipos de espionaje se hicieron base en el contrato PGR/AD/CN/SERV/204/2012, y por ello la institución erogó 202 millones 53 mil 840 pesos, lo que presuntamente resultó en un sobreprecio cercano a 95 millones.

La PGR inició la averiguación previa 096/FECCI/14-DF, a través de la Visitaduría General, y el 7 de febrero de este año se determinó el ejercicio de la acción penal, y el caso fue consignado el pasado 10 de marzo y le correspondió al juzgado tercero de distrito en materia penal dar entrada al expediente por encontrarse de turno.

De acuerdo con las constancias ministeriales, Guillermina Muñoz Soto ha solicitado la protección de la justicia federal en contra del acuerdo del 7 de febrero de 2017, dictado en la citada averiguación y su respectiva notificación.

La investigación se reactivó cuando Jesús Murillo Karam estuvo al frente de la procuraduría, pero fue hasta esta gestión, la de Raúl Cervantes Andrade, que la Visitaduría General concluyó con la consignación del expediente, en contra del cual la ex funcionaria también solicitó que no se dé cumplimiento hasta en tanto se definan los juicios de amparo.