La Cámara de Diputados avaló ayer la minuta del Senado que crea la ley general de cultura y derechos culturales y la turnó a la Presidencia de la República, para su promulgación.

Se trata de un nuevo marco jurídico que instaura una política de Estado en la materia, reconoce la diversidad cultural del país y obliga a respetar las expresiones de los pueblos indígenas.

Incluye un capítulo que permite la participación de la iniciativa privada en la investigación, conservación, promoción, protección y desarrollo del patrimonio cultural, vía convenios con los tres niveles de gobierno.

Los empresarios ya están listos para lucrar con recursos que son de la nación, entre ellos las zonas arqueológicas; la ley permite privatizar el patrimonio cultural, advirtió Manuel Bartlett, coordinador del Partido del Trabajo en el Senado, donde la legislación se votó el jueves por la noche.

En San Lázaro, la minuta fue aprobada ayer con 366 votos en favor y dos en contra, el de la vocera del grupo perredista, Cristina Gaytán, y su compañero de bancada Luis Maldonado Venegas.

Gaytán expuso, desde la tribuna, que la legislación parte de un proyecto enviado a los senadores por la Consejería Jurídica de Los Pinos, y que dejó de lado documentos elaborados por los legisladores, entre ellos cinco iniciativas.

Sostuvo que el dictamen aprobado ayer por la Comisión de Cultura y luego en el pleno, sólo enuncia, en la mínima expresión posible, algunos de los conceptos que por su naturaleza son creaciones colectivas, pero los despoja del valor creativo, ideológico y libertario de una visión cultural para volverlos letras técnicas, legales, huecas.

La ley incluye un catálogo de derechos culturales y obliga a una política de Estado en la materia bajo los principios de: respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales, igualdad de culturas; reconocimiento de la diversidad cultural del país; y a la identidad y dignidad de las personas; libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades, y de igualdad de género.

Como parte de la ley se incluyó un artículo para que la Secretaría de Cultura aplique un programa de asignaciones de vales de cultura, destinado a sectores vulnerables.

Durante la discusión en el Senado, Bartlett Díaz se refirió al artículo 39, en el que se asienta que “la Secretaría de Cultura, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno competentes en la materia, promoverá y concertará con los sectores privado y social los convenios para la investigación, conservación, promoción, protección y desarrollo del patrimonio cultural.

Muchos trabajadores del INAH [Instituto Nacional de Antropología e Historia] han señalado y advertido sobre las futuras privatizaciones de los espacios arqueológicos y del patrimonio histórico y cultural de la nación. El neoliberalismo jurídico y político que prevalece en el país tiene esa pretensión y los empresarios ya están listos para lucrar con recursos que son de la nación.

Bartlett resaltó que no hay intención de promover la cultura, ya que el presupuesto se redujo en 33 por ciento desde 2015.

Otros senadores, como la panista Mariana Gómez del Campo y el ex perredista Zoé Robledo, tocaron ese punto y se pronunciaron por que no se repita ese doloroso recorte de recursos.