Al detectar que se otorgaban amparos a conductores detenidos en en El Torito, sin que ellos lo solicitaran para posponer las horas de arresto, la Comisión de Derechos Humanos (CDHDF) capitalina inició una queja de oficio para determinar si existe responsabilidad del personal del Centro de Sanciones Administrativas y de jueces civiles.

La titular del organismo, Perla Gómez, expuso que llama la atención que se otorgue cierto tipo de suspensiones, por lo cual de manera respetuosa e institucional alertarán al Consejo de la Judicatura Federal sobre lo que pasa con estos amparos.

Sobre la investigación que comenzó de oficio, explicó que se verificará qué hace la autoridad local. Cómo es posible que se levanten amparos sin consentimiento de las personas que llegan a cumplir la infracción.

Asimismo, consideró importante documentar “qué participación tiene la autoridad y en qué nivel, así como de qué funcionarios se habla o qué manejo se da en esto que llamamos coyotaje”.

Tras la queja que presentó un ciudadano, detenido el 14 de agosto de 2016 por rebasar los niveles de alcohol en la sangre y al cual le tramitaron un amparo sin que él lo solicitara. El hombre llevaba cuatro horas con 15 minutos en El Torito y le fue notificado que el juez primero de distrito en materia administrativa, le otorgaba la suspensión provisional al arresto de 20 horas que le impuso el juzgador.

Al hombre le resultó extraña la disposición porque en ningún momento la solicitó, por lo que decidió quedarse en el centro a cumplir su sanción. En la dirección ejecutiva de Justicia Cívica de la Consejería Jurídica quedó registrada la salida por amparo, por tanto debía regresar a cumplir las 14 horas con 45 minutos que, según, quedaron pendientes.

En octubre de 2016 esa misma instancia ordenó la detención e ingreso a El Torito, donde se detectó el error, por lo cual el ciudadano decidió presentar la queja a la CDHDF que acreditó las violaciones al debido proceso y emitió la recomendación 1/2017, dirigida a la Secretaría de Gobierno y Consejería Jurídica y de Servicios Legales, ambas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.

Ante las deficientes, ineficaces y poco confiables medidas que se realizan en El Torito, Perla Gómez señaló que se emitieron cinco puntos recomendatorios para la reparación del daño a la víctima, entre los cuales está realizar un diagnóstico sobre el procedimiento que siguen los infractores, las sanciones y el registro. Además de abrir la queja de oficio por el amparo que no solicitó y que originó su aprehensión.