La Cámara de Diputados se dispone a aprobar una reforma a la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión que extinguirá las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) en materia de derechos de audiencias, y permitirá a los concesionarios de radio y televisión presentar la información política como simple publicidad.

El dictamen, que modificará 10 artículos de dicha norma, fue aprobado en la Comisión de Radio y Televisión por PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza. Ese grupo de trabajo envió el documento a la mesa directiva de San Lázaro para darle trámite aprobatorio en lo que resta de la presente semana.

El texto es producto de las iniciativas presentadas por el panista Federico Döring y del coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. El segundo solicitó el retiro de su propuesta; no obstante, la comisión retomó de ella argumentos para elaborar el documento en cuestión.

Federico Döring también fue autor de la polémica iniciativa que en 2007 se aprobó en San Lázaro. En aquel episodio, 257 diputados de PRI y PAN aprobaron, en sólo siete minutos, lo que a la postre resultó en la llamada Ley Televisa, que otorgó enorme poder de concentración a esa empresa y al resto de los medios de comunciación electrónicos.

El documento, que será respaldado otra vez por PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza y Partido Encuentro Social, se publicó ayer en la Gaceta Parlamentaria en proceso de declaratoria de publicidad.

Elimina facultades del Ifetel en materia de derecho de las audiencias, favoreciendo a los concesionarios privados, quienes además contarán con la opción de autorregularse y actuar a libre albedrío en materia de contenidos de índole político, sobre todo en temporada de elecciones (tanto locales como federales).

La polémica que ha generado se manifestó también en diciembre pasado, al expedirse los lineamientos generales para la defensa de las audiencias, cuando éstos ya existían en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y ya facultaban al Ifetel para dictar criterios y regulaciones en la materia.

Hace cuatro meses, las regulaciones citadas recibieron el respaldo de organizaciones sociales, no así de los propietarios de radio y televisión, quienes emprendieron por medio de sus empleados una campaña contra la decisión del Congreso. Así forzaron a la Presidencia de la República a interponer, junto con el PVEM y la mesa directiva del Senado, controversias constitucionales por la supuesta ilegalidad de los lineamientos aprobados en diciembre.

Ahora, esta iniciativa –que espera ser aprobada en el salón de plenos– corta posibilidad a los ciudadanos en materia de libertad de expresión y protege a los empresarios para autorregularse en la materia.

En el fondo se borra la diferencia entre opinión e información noticiosa en los medios de comunicación electrónica, como ocurrió desde la pasada elección presidencial.

La bancada de Morena en San Lázaro reprochó tal medida porque atenta contra los derechos de las audiencias, señalaron los diputados Virgilio Caballero y Ángel de la Piedra.

Es una confabulación del poder político y empresarial que atenta contra la libertad de expresión y alienta vergonzantes actos de impunidad al aire en los medios.