La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) anunció la destitución de cuatro servidores públicos del programa Prospera en Chiapas por quebrantar los principios de transparencia en el uso y operación de los programas sociales. Explicó que se les atribuye su participación en convocar, mediante presiones, a beneficiarias del mencionado programa a un acto político realizado el sábado pasado en Tuxtla Gutiérrez.

Esto ocurrió luego de que el sábado pasado beneficiarias del programa Prospera afirmaron haber sido obligadas a ir a la presentación del informe del senador priísta Roberto Albores en el estadio Víctor Manuel Reyna, a quien, dijeron, ni siquiera conocían. El hecho fue documentado por dos periodistas que fueron agredidos y despojados de su equipo, por lo cual presentaron una denuncia penal en contra del personal de seguridad del legislador.

Tras conocerse esta información, la Sedesol anunció que investigaría y ayer determinó la destitución de funcionarios que no aparecen en el directorio del programa en Internet. Se trata del supervisor en Tuxtla Gutiérrez, Héctor Augusto Rivera Ordóñez, así como Pamela Ortiz Uscanga, Juana Sosa Martínez y Priscila Cruz Chávez.

En un breve comunicado la dependencia informó que la medida se realizó a partir de las investigaciones realizadas con base en los reportes de las propias beneficiarias de Prospera, que conforman la Contraloría Social y la información difundida por medios de comunicación.

Agregó que reitera que en la operación y administración de los programas sociales se conduce y conducirá con apego a la ley, a fin de evitar que en lo sucesivo se repitan este tipo de acciones. Dijo que continuará en el fortalecimiento en todo el país de los mecanismos de control y vigilancia, por medio de los Comités de Contraloría Social.