El Senado aprobó ayer cambios a la Ley de Migración a fin de castigar hasta con 16 años de prisión a quien obligue a migrantes a formar parte de bandas del crimen organizado.

La minuta, que tiene la finalidad de proteger a los migrantes centroamericanos que cruzan el territorio nacional con el objetivo de llegar a Estados Unidos –y de manera especial a los niños que viajan solos– del acecho de las bandas criminales, fue devuelta a la Cámara de Diputados con un cambio de forma.

En la exposición de motivos, los legisladores resaltan que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM), en 2012, 13 mil niños y adolescentes migrantes viajaron solos a Estados Unidos desde El Salvador, Honduras, Guatemala y otros países de Centroamérica, y ‘‘requieren de una atención especial por parte de las autoridades federales’’.

La condición de vulnerabilidad de los menores que viajan sin acompañantes ‘‘los coloca dentro de los principales objetivos de la delincuencia organizada para ser víctimas del delito de trata de personas y tráfico humano en sus diferentes modalidades’’.

Se detalla que a explotación de la que pueden ser objeto estos menores implica la esclavitud, prostitución, trabajos o servicios forzados, mendicidad, utilización en actividades delictivas, adopción ilegal, matrimonio forzoso, tráfico de órganos, tejidos o células, y experimentación biomédica de forma clandestina.

La reforma a los artículos 159 y 160 a la Ley de Migración permite integrar delitos tipificados en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el propósito de que los migrantes centroamericanos cuenten con elementos jurídicos para evitar ser obligados a la comisión de delitos como venta de drogas, trata de personas o tráfico de órganos, entre otros. Para quien los obligue a delinquir, se establecen penas de ocho a 16 años de prisión y multas.

El Senado llevó a cabo un cambio a la minuta ‘‘a fin de dar cumplimiento a la técnica legislativa’’, por lo que en lugar de crear un artículo 159 bis, se procedió a integrar una nueva fracción al artículo 159 de la ley.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Layda Elena Sansores San Román, del Partido del Trabajo, señaló que se trata de una reforma importante que busca erradicar en todo el territorio nacional la explotación que padecen los migrantes, a quienes las bandas del crimen organizado obligan a cometer delitos.

Se espera que la Cámara de Diputados avale el cambio y remita la minuta al presidente de la República para su promulgación.