or razones electorales –en 2016 trece gubernaturas estuvieron en juego, más los diputados constituyentes en la Ciudad de México–, el año pasado el gobierno peñanietista decidió mantener en el horno la nueva reforma al sistema pensionario nacional (derivada de una recomendación de la OCDE, en octubre de 2015, y lista para servirla en la mesa en abril del año siguiente) y posponerla hasta que el clima político le permitiera sacarla adelante sin mayores contratiempos. El problema es que, con el correr de los meses y en sentido contrario del cálculo de Los Pinos- , tal clima se ha agravado.

Pero, haiga sido como haiga sido, en la residencia oficial están resueltos a proceder como les recomendó la OCDE (por cierto, a la cabeza de ese organismo aparece José Ángel Gurría, segundo secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo, inventor de las Afore). De hecho, el trabajo lo tienen avanzado, pues a raíz de tal recomendación Luis Videgaray –hoy de aprendiz de canciller– se reunió (octubre de 2015) con los integrantes de la nueva Legislatura con el fin de planear el diseño de la iniciativa y el curso de la votación.

Sin embargo, el asunto se atoró por el calendario electoral (de cualquier suerte el PRI perdió nueve gubernaturas), el enrarecimiento del clima político, la ostentosa falta de resultados del gobierno que prometió mover a México y, finalmente, la salida de la Secretaría de Hacienda del (ex) ministro del (d) año, por mucho que su relevo pertenezca al mismo establo.

Por aquellos no lejanos ayeres la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Araceli Damián González, detalló que la intención del gobierno peñanietista es aprobar una iniciativa para modificar nuevamente la ley, a fin de homologar a los trabajadores que cotizan bajo el esquema previo a la reforma de 1997 (Ley de 1973-IMSS) con los inscritos a partir de la modificación impulsada por el entonces presidente Ernesto Zedillo. Es decir, el concepto es aforar a todos y deslindar financieramente a las arcas públicas de estos menesteres.

Pero bueno, el tiempo apremia y, sin considerar retrasos políticos, al sistema político-empresarial le urge concretar oootttrrraaa reforma al sistema nacional pensionario, el cual, dicho sea de paso, ha sido reformado sexenio tras sexenio desde el correspondiente a Carlos Salinas de Gortari, siempre con la promesa –obviamente incumplida– de aumentar el monto recibido por los beneficiarios y mejorar el fondeo y la calidad del sistema de ahorro para el retiro.

Para la memoria, Carlos Salinas inventó el Sistema de Ahorro para el Retiro; Ernesto Zedillo el régimen (léase el jugoso negocio privado) de las Afore; Vicente Fox modificó la Ley del IMSS y Felipe Calderón la del Issste. Y, sí, tan exitosas resultaron todas y cada una de las reformas aprobadas en los últimos 30 años, que a estas alturas 60 por ciento de los mexicanos en edad y condición laboral no tiene posibilidad alguna de acceder a una pensión, al tiempo que del 40 por ciento restante la mayoría obtiene u obtendrá una verdadera miseria. Eso sí, han proliferado las pensiones para viejitos que no tienen otra pretensión que amarrar el voto para el partido que las promueva y el gobierno –federal o estatal– que garantice su pago.

Pues bien, un año después del citado intento, la Secretaría de Hacienda va por la revancha, en el entendido de que a la actual Legislatura le resta poco menos de año y medio (semanas, en los hechos, si se descuentan vacaciones, periodos ordinarios muy breves, ausencias, permisos, falta de ganas y conexos, algo en lo que los diputados son especialistas) y al gobierno peñanietista algo menos que eso, en términos reales, porque a la hora de conocerse el candidato oficial muere el rey para que ordene el nuevo rey (cuando menos en la etapa de campaña electoral, porque luce más que quimérico que el tricolor repita en la residencia oficial).

La Jornada (Israel Rodríguez) informa al respecto: con el fin de alcanzar un mayor monto de pensión para el retiro, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propuso una segunda ola de reformas, en las que se exploran diversas alternativas, como incorporar los recursos depositados en la subcuenta de vivienda administrada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), las hipotecas regresivas y el aumento de la edad de jubilación, como ocurre en otros países. Por su parte, el Colegio Nacional de Actuarios estima que alrededor de 6 millones de mexicanos que pertenecen al régimen de 1973 no podrán jubilarse a los 65 años y tendrán que esperar hasta los 67 para cumplir con las mil 250 semanas de cotización que la ley exige.

En el detalle, el jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de Hacienda, Óscar Vela, explicó que en México están delimitándose elementos que tienen que ser reformados. Algo muy importante es incorporar la parte de la vivienda. El sistema de seguridad social tiene un sistema muy organizado de ahorro en vivienda que administra los institutos, como el Infonavit y el Fovissste.

Desde luego que la reforma será aplicable a los mortales (en el entendido de que, versión oficial, no alcanzan los recursos para cubrir las pensiones, y nunca lo serán si se los siguen robando), porque el paraíso es para la burocracia dorada, independientemente de las pensiones presidenciales. Recuérdese lo documentado en 2013 por la Auditoría Superior de la Federación:

Pensiones máximas mensuales en distintas instituciones públicas para funcionarios de alto nivel: Banco de México, 232 mil pesos; 225 mil en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; 285 mil en Luz y Fuerza del Centro (en proceso de liquidación); 254 mil en la Comisión Federal de Electricidad; 200 mil en Bansefi; 209 mil en las universidades de Nayarit y de Nuevo León (ambas entidades públicas); 109 mil en el Consejo de la Judicatura Federal; 111 mil 800 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 250 mil en Pemex y en el Bancomext); 188 mil en el Issste; entre 150 mil y 180 mil en Banobras y Nafin, y así por el estilo.

Entonces, agárrense que todavía pretenden que las pensiones sean más miserables, si ello es posible.

Las rebanadas del pastel

No es novedad, pero los mexicanos documentan día tras día que tienen gobiernos de rapiña (federal, estatales, municipales, más Legislativo y Judicial, órganos autónomos y/o “ciudadanizados, y clase política en general). Y todos operan con la misma consigna: ¡al abordaje!

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