los promotores de la concertada y apabullante andanada reciente contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO) les hubiera convenido más dejar una duda relativamente razonable sobre las circunstancias y las consecuencias del episodio de la diputada veracruzana y sus billetes embolsables, que la cínica dramatización de presuntas histerias moralizadoras y legaloides que están realizando priístas y panistas con la pretensión de convencer al electorado nacional de que el virtual candidato presidencial de Morena es una especie de capo siniestro, un acaparador de billetes en efectivo, un monstruo de la política nacional que no come niños pero sí engulle dinero de procedencia ilegal.

La desmesurada campaña de declaraciones, opiniones y manipulación mediática para acribillar políticamente al tabasqueño es indicativa de lo que parecería haber sido planeado a partir de los momentos videograbados en Veracruz. De hecho, AMLO ha acusado al gobernador Miguel Ángel Yunes y al secretario Miguel Ángel Osorio Chong de haber conspirado para montar el episodio que tuvo a la diputada Eva Cadena como principal personaje, sin dar AMLO ninguna prueba de estas acusaciones, más que su pura palabra.

La metralla política podría contar, hasta ahí, con carta de naturalización en la república electoral del descontón, las falsas noticias, la vocación por el fraude y las tácticas de guerra sucia. Es explicable que los adversarios de López Obrador aprovechen cuanta posibilidad tengan para asestar golpes al contrincante que hoy lleva una notable delantera. Pero PRI y PAN están ensayando una línea judicial y política que podría rebasarlos y meterlos en un callejón sin salida: pretenden echar a caminar la maquinaria de la procuraduría federal de justicia, dominada por Raúl Cervantes Andrade, un dependiente de Enrique Peña Nieto que hace méritos incesantes ante el patrón en busca de que le extiendan el cargo por nueve años más, para sujetar a proceso (por conducto de la Seido) al dirigente nacional de Morena, con eventual resultado final de sanciones contra líder y partido.

La desproporcionada maniobra que intentan concretar los priístas y panistas de élite carece, con toda evidencia, del mínimo piso de seriedad jurídica. No hay constancia de que se haya materializado el presunto hecho delictivo de la diputada Cadena y una donante no identificada (sí hubo manejo de dinero y palabras tendentes a la entrega a un personaje político, mas no hay testimonio de que esas intenciones se hubieran cumplido). De no haber pasado de lo observable en el video en mención, sólo podrían ser afectadas las dos partes expresamente implicadas, la diputada y la donante, pero no el partido (Morena) ni el presidente de su comité nacional (AMLO), por la sencilla razón de que no existe ni una sola prueba o indicio de que esa cantidad, el medio millón de pesos, hubiera llegado a las arcas del partido ni a los bolsillos del líder y virtual candidato presidencial.

Pero, a pesar de esa carencia de vínculos demostrables entre los hechos videograbados y sus presuntos destinatarios finales, los términos utilizados por Enrique Ochoa Reza y Ricardo Anaya, presidentes de los comités nacionales de PRI y PAN, respectivamente, son sugestivamente rudos, desbordadamente ofensivos y, a juicio de este tecleador, constitutivos de presuntos delitos al dar por consumada una conducta delictiva y, a partir de esa falsa convicción, tachar al dirigente de Morena de vivir de sobornos, de vivir de dinero en efectivo de procedencia ilegal y de ser un corrupto que ha recibido fajos de dinero en efectivo, todo esto pronunciado por el priísta Ochoa Reza, con los panistas Ricardo Anaya y Felipe Calderón expresándose en términos similares.

De ser ciertas las acusaciones concretas que hacen dichos personajes priístas y panistas, López Obrador debería ser destituido de la dirigencia nacional de Morena (Ochoa Reza insiste en que el tabasqueño renuncie, para que enfrente las acusaciones derivadas del caso veracruzano), consignado judicialmente y, si el veredicto del juez así lo estableciera, padecer la privación de su libertad durante un tiempo determinado. Todo un capo tropical, pillado por honorables ciudadanos y dirigentes partidistas sumamente indignados por tan inaceptables actos de corrupción. Oh, sí.

La insostenible historieta de pulcritud justiciera contra López Obrador tiene, sin embargo, un punto notable y definitoriamente débil, aniquilante: los acusadores son parte de la maquinaria que sostiene la corrupción en todos los ámbitos del país y su credibilidad como paladines es bastante rala o inexistente. Mucho puede decirse de Ochoa Reza, sus taxis, liquidaciones laborales y negocios; de Anaya, el panista de gastos por encima de sus ingresos y exitosas propiedades queretanas (dos placitas comerciales) y de Calderón (involucrado en el escándalo Odebrecht, entre otros temas). Pero, más allá de estos nombres y apellidos, estructural e institucionalmente se vive una corrupción orgiástica, mostrada y demostrada (Odebrecht, OHL, Higa, por ejemplo), que justamente busca su continuidad e impunidad mediante el cierre de puertas electorales a la tibia, contradictoria e infiltrada opción reformista encabezada por López Obrador.

Cargado de defectos y errores como cualquier político (y él es un político, con décadas practicando de manera profesional el oficio político), López Obrador tiene como signo personal distintivo el de la honestidad y, hasta ahora, no se le ha podido probar un hecho irregular o delictivo en materia de riqueza. Ahora, forzando una videograbación en Las Choapas, se pretende etiquetarlo como un mafioso político, enriquecido mediante fajos de billetes, e incluso que se abran investigaciones judiciales respecto de financiamientos para él y su partido. ¿Hasta dónde pretenden llegar los creadores de este capítulo sucio? En la locura tradicional de fin de sexenio, ¿se creerá posible retirarle la dirigencia de su partido y sus derechos electorales? ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx