Guatemala.

Rodrigo Tot, un tímido agricultor e indígena guatemalteco que entabló una titánica lucha contra una gigante minera y las autoridades de su país para recuperar las tierras de su comunidad, fue galardonado con el prestigioso Premio Ambiental Goldman 2017.

La distinción a Tot, de 60 años, llega después del asesinato, el año pasado, de dos ganadores latinoamericanos anteriores.

La fundación Goldman elogió a Tot por el intrépido liderazgo de su pueblo y la defensa de su tierra ancestral pese a los costos, como el asesinato de su hijo hace cinco años.

Pastor evangélico y líder indígena q'eqchi dijo que el premio no cambia nada. Me siento contento, pero también me siento la misma persona. Creo que eso sería un estímulo al trabajo que hacemos, pero estoy tranquilo, comentó antes de asegurar que sabe que el premio es por la lucha que ha librado por su tierra y sus recursos naturales.

Latinoamérica es la región más peligrosa para los activistas medioambientales, con más de 570 asesinados entre 2010 y 2015, según la organización Global Witness con sede en Londres.

En marzo de 2016 la hondureña Berta Cáceres –también ganadora del Goldman– fue asesinada en su casa y en enero de 2017 desconocidos mataron al mexicano Isidro Baldenegro, otro galardonado con el mismo premio.

Tot ha pasado casi medio siglo de su vida en la comunidad Agua Caliente Lote 9, en las montañas del municipio de El Estor. Es un hombre de baja estatura, que habla poco pero con gusto y humildad sobre el reconocimiento.

La comunidad inició una pelea hace 43 años para exigir al Estado guatemalteco que devolviera los títulos de propiedad a Tot y otros 63 campesinos que los perdieron a pesar de haber pagado por ellos. Su tierra es rica en oro y níquel, lo que la vuelve seductora para las empresas.

El rostro de Tot se iluminó al hablar de su tierra. Con orgullo explicó que el suelo de su hogar es invaluable por la cantidad de recursos naturales que tiene y que por eso lo defiende. Hay 10 nacimientos de agua y de ella se abastecen muchas comunidades. Nosotros estamos reservando la montaña porque al terminar la montaña ya ni agua habrá.

Tot recordó que llegó a vivir a la comunidad cuando tenía 12 años, tras la muerte de sus padres. Allí creció y aprendió a amar a su tierra. En 1972 un cambio en la legislación guatemalteca exigió a los 64 dueños de terrenos de la región que pagaran unos 4 mil 500 dólares para recibir los títulos de propiedad, pero dos años después aquellos documentos seguían sin expedirse.

Hacia 1985 los pobladores recibieron un título provisional que reconocía su derecho de propiedad mientras terminaban el pago de sus tierras, pero en 1988 varios folios del libro donde fueron inscritas las tierras de la comunidad desaparecieron. A pesar de ello se vieron obligados a seguir pagando y en 2002, cuando finalizaron el pago, el Estado se negó a entregar sus documentos aduciendo que debía iniciarse un proceso judicial de reposición de los folios perdidos del libro.

Desde entonces Tot y otros habitantes de Agua Caliente Lote 9 han presentado diversos recursos legales, que a la fecha no han resuelto su caso de manera definitiva.

La situación de los 64 guatemaltecos se agravó a causa de la minería. En diciembre de 2004 el Ministerio de Energía y Minas concedió licencia de exploración por tres años a la Compañía Exmibal –que ya operaba en el país desde 1965– para la instalación de una planta de proceso de níquel del Proyecto Minera Fénix. La compañía podría buscar diversos materiales en 16 comunidades mayas, una de las cuales era hogar de Tot.

Un año después, Exmibal transfirió derechos a la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, y a pesar de que los habitantes de la región se opusieron, en 2006 el Estado otorgó una licencia de explotación por 25 años.

Tot sabe que necesita mayor certeza jurídica sobre la propiedad de sus tierras para seguir luchando por ellas. Estamos pidiendo que nos legalicen. Ya pagamos, tenemos los recibos, tenemos las actas y el derecho, dijo.

Según el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala, en todos los casos en los que las comunidades indígenas se opusieron a proyectos mineros el Estado respaldó a las compañías.