Buenos Aires.

En la tercera acción de estas características pequeños productores de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UIT) protestó en Plaza de Mayo frente a la presidencial Casa Rosada con un llamado verdurazo repartiendo 20 toneladas de verdura a centenares de personas, reclamando al gobierno protección para el sector, la ley de acceso a la tierra y una ley de emergencia para las economías regionales.

También reclamaron la suspensión total de desalojos de campesinos de sus tierras, y la inmediata reglamentación y asignación de presupuesto para la ley de agricultura familiar.

Los productores, la mayoría de la zona cercana a La Plata, provincia de Buenos Aires, repartieron todo tipo de vegetales, acompañados por floricultores y otros grupos campesinos de Santiago del Estero, Jujuy y Mar del Plata, entre otros.

Luego unos cinco mil manifestantes marcharon con bombos y tambores desde Plaza de Mayo hasta el Congreso. Se habían sumado productores de cerdos, ovejas, gallinas, y desde otros lugares, llegaron también con caballos que montaron para acompañar la protesta.

Nosotros en septiembre pasado presentamos una ley de acceso a la tierra y no se ha movido, mientras tanto afrontamos costos muy altos, los alquileres por las nubes, la luz también alta la tarifa y no hay una respuesta concreta del gobierno ni de los legisladores y no podemos continuar, dijeron los dirigentes.

El líder de la UIT, Nahuel Levalle, junto con otros productores intentaron entrar a dialogar en la casa de gobierno, pero les cerraron las puertas. La última protesta similar sucedió el pasado 23 de diciembre cuando pequeños productores hortícolas protagonizaron un verdurazo en el barrio de Constitución regalando 15 mil kilos de hortalizas.

Antes, en septiembre de 2016, familias enroladas en la Unión de Trabajadores de la Tierra entregaron también 20 toneladas de verdura en protesta contra las políticas públicas y en defensa de las economías regionales. También lo hicieron productores de frutas del sur del país, que además están quebrados por las importaciones dispuestas por el gobierno.

Más ajustes

Esto sucede cuando desde diversos sectores políticos y sindicales denuncian que el gobierno de Mauricio Macri, que ha prometido tomar duras medidas contra las protestas sociales, anuncia nuevos ajustes, ahora con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El último informe de este organismo titulado Logrando más con menos se hacen proyecciones referidas a Argentina planteando como una de las necesidades del gobierno la reducción estructural del empleo público y la puesta en marcha de un modelo de atrición, es decir la destrucción de puestos de trabajo en el sector público sin remplazar los lugares vacantes. Su generar ahorro por medio de la mejora de los objetivos de gasto público y el incremento de la eficiencia, planteando una reducción estructural del empleo público, según reproduce el diario BAE.

También se denunció que el ajuste se aplicará a las provincias -poniendo como ejemplo, la asfixia que el gobierno nacional aplica a la provincia de Santa Cruz, donde dejó de enviar 85 por ciento del dinero que se le debe girar y no responde a la solicitud de la gobernadora Alicia Kirchner de permitir tomar deuda para resolver la grave situación creada.

Funcionarios del gobierno se han referido a Santa Cruz, como el modelo venezolano que hay que desmantelar aquí. El diputado Eduardo Costa, de la alianza gobernante Cambiemos, ya había adelantado al comenzar el gobierno de Macri que la gobernadora Kirchner iba a tener muchas complicaciones, y admitía que la mayor ayuda económica iría para el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, como ha sucedido.

No es casual que un chispazo mediático encendiera la mecha del odio en Santa Cruz: una provincia que creció y multiplicó puestos laborales por más de una década, ahora ve cortado el flujo de fondos que la ley de coparticipación establece y es víctima del ahogo financiero, advierte un analista local.

La gobernadora Kirchner inició un juicio penal, por el ataque sufrido en la residencia gubernamental de la sureña provincia de Santa Cruz y se mostró una serie de coincidencia con la presencia de enviados especiales de diarios como Clarín, el que optó por una admitida guerra mediática contra la familia de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.

Las consecuencias económicas del llamado por algunos analistas un bloqueo interno son muy graves. Un incremento de la desocupación en el área de la construcción -cuyas obras fueron paradas abruptamente por el gobierno nacional- de 35 por ciento interanual y una disminución de la actividad de Yacimiento Petrolíferos Fiscales de cinco por ciento, con despidos y reducción de regalías.

El ex secretario de la presidencia Oscar Parrilli, dijo a una radio local que tanto Macri como el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, están alentando los graves hechos sucedidos en Santa Cruz el fin de semana pasado. Esto fue pensando y orquestado. Realizaron una agresión violenta y desmesurada. Eran cerca de 300 personas. Y añadió que los objetivos de estas acciones intentan logar que la provincia de Santa Cruz termine con caos y violencia. Todo esto es parte del relato que quieren imponer. Quieren destruir la provincia para mostrar como ‘terminan’ los Kirchner”. Medios periodísticos advirtieron que Macri había dicho que se acaba la etapa Ghandi, es decir que viene el periodo más duro. El ejemplo es el modelo Jujuy donde las acciones del gobernador de Cambiemos, quien mantiene ilegalmente detenida a Milagros Sala, dirigente social y que envió a su policía a una facultad de esa provincia violando la autonomía universitaria, deteniendo y maltratando estudiantes, esta vez fue denunciado por los periodistas del lugar a quienes ha presionado para que no escriban sobre lo que sucede en estas acciones represivas.