Juchitán, Oax.

La encargada del despacho de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (Segego), Carmelita Ricárdez Vera, dijo ayer que son los líderes y no ejidatarios los que pretenden desestabilizar el estado de derecho en los parques eólicos, tras la detención de 11 labriegos que bloqueaban la central generadora de Santo Domingo Ingenio, de la empresa Eólica de Francia (EDF).

Ricárdez Vera explicó que los detenidos fueron llevados al Ministerio Público en la capital del estado y se les ha brindado apoyo jurídico para responder a las acusaciones.

El domingo pasado los ejidatarios, quienes obstruían desde hacía dos meses la central eólica del polígono Cinco Palmas, en demanda del pago de 30 mil pesos para cada uno de los 214 arrendatarios por concepto de utilidades, fueron arrestados por policías estatales a petición de EDF.

La funcionaria estatal recalcó en entrevista que son los líderes quienes pretenden extorsionar y chantajear a las empresas eólicas, y los ejidatarios sólo se dejan manipular por ellos; por eso exigen cobros de derecho de piso que no avala la empresa eólica.

Advirtió que no permitirán que la impunidad nos gobierne. Las instituciones debemos garantizar el estado de derecho; ellos, como ejidatarios, firmaron un convenio que está vigente y no estipula ningún recurso extra, como lo manifiestan. Por eso decimos que son los líderes y no los ejidatarios quienes quieren chantajear a las empresas, subrayó.

Los ejidatarios indicaron que retiraron el bloqueo del acceso al parque eólico de Santo Domingo con la condición de negociar la libertad de sus 11 compañeros. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó en un comunicado que se les acusa de extorsión.

Cierran carretera

Unos 150 indígenas zapotecos de Rancho Llano, Loma Bonita y Puente Madera, agencias municipales de San Blas Atempa, cerraron ayer con piedras y palos la carretera federal Panamericana a la altura de Puente Madera, en rechazo a la construcción de la subestación eléctrica de un parque eólico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el Istmo.

Los inconformes señalaron que el gobierno de Oaxaca y el titular del comisariado de bienes comunales, Inocencio Patiño Cristóbal, no acataron una minuta firmada el pasado 12 de abril en asamblea, en la cual acordaron detener la obra y realizar una consulta entre las comunidades. La construcción ya lleva dos años.

Manifestaron que la Sedena y el gobierno federal debieron consultar a los pueblos afectados; sin embargo, sólo negociaron con el comisariado, que autorizó la obra en una zona conocida como El Pitayal, reserva natural utilizada para la cacería y la explotación sustentable de leña, entre otras actividades.