Desde hace al menos 15 años la actividad forestal está estancada, existe sobrerregulación y poco apoyo a ejidos y comunidades, dueños de 70 por ciento de los bosques y selvas, pero la iniciativa de la Ley Forestal no ayudará a solucionar esta crisis, ya que, entre otras fallas, elimina la participación social, advierten asesores de comunidades forestales que en la práctica han observado las dificultades de éstas para salir adelante.

El aprovechamiento forestal es mínimo por lo que implica a la cadena productiva, y hay diferentes niveles, desde quienes son rentistas, que sólo venden la materia forestal a un empresario, los que hacen madera, otros que fabrican muebles y quienes se dedican a la conservación con ecoturismo, árboles frutales, artesanías con copal, con lo que elaboran alebrijes, refiere Ariel Morales Reyes, asesor de la Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca (Uesco), que integra 15 organizaciones regionales, alrededor de 600 ejidos y comuni-dades agrarias.

Apunta que en la iniciativa de ley uno de los derechos humanos que se restringen es la participación social, con lo que pegan no sólo a las comunidades indígenas, sino a la sociedad en general.

“Desde la reforma a la ley en 92, las comunidades se ven obligadas a pagar impuestos y nos meten en un solo cajón. Hay un principio liberal: trato igual a los iguales y desigual a los desiguales; no podemos comparar a una empresa comunal con una del sector privado, tienen objetivos distintos. La empresa social, por ejemplo, cuando hay un huracán, es la que abre los caminos forestales, invierte en escuelas o casas de salud, está en desarrollo social, en el combate a la pobreza. Pero en lugar de ser beneficiado con un incentivo fiscal, en la nueva ley castigan a las comunidades y dicen ‘eso no es deducible y te vamos a cobrar impuestos’”.

Añade que hay preocupación por esta iniciativa de ley, hay una restricción al Consejo Forestal Nacional, que evalúa la política pública, ahora pasa a ser sólo consultivo, es decir: te escucho pero no te hago caso. En Oaxaca, agrega, ha habido muchos problemas por minería y en el discurso oficial se habla de que la vocación del territorio es preferentemente minero; entonces, ¿dónde quedan los bosques? El mensaje es que la minería es más importante que lo forestal.

No hay incentivos para la inversión forestal, no se habla de valor agregado regional, y desde hace tres lustros comenzó a decaer la actividad forestal, hubo estancamiento o retroceso, advierte Hugo Galletti, director técnico de la sociedad de Productores Forestales Ejidales en Quintana Roo y asesor de organizaciones desde hace unos 30 años.

La inmensa mayoría de los ejidos son pequeños, tienen que asociarse para acceder al mercado y esta dispersión ha generado una estructura de coyotaje muy fuerte. Tierras donde quienes manejan el monte terminan por vender al coyote, por las dificultades para el mercado y no se ha hecho un esfuerzo serio para fomentar el cambio de gestión en los ejidos, agrega en entrevista.

Se subestima creación de empleos

Apunta que hay una especie de incitación por parte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) –creada hace 16 años– contra los prestadores de servicios; no se ha impulsado la formación de empresas forestales, que puedan servir de proveedores para la inversión industrial, se ha subestimado la creación de empleos. El trabajo de monte genera pocas fuentes laborales, pero el industrial puede ser una alternativa importante. Hay una serie de problemas que vemos que se han hecho críticos.

Sostiene que nadie trabaja con la gente para que planifique el uso de suelo en su parcela y advierte que con la iniciativa de la ley forestal, se dejan muchas cosas al reglamento, pero hay que tener cuidado, para que no se legisle en este sentido, y ha ocurrido que lo que dice la ley se ha intentado borrar en el reglamento.